El ultimátum dado por Londres y Dublín a los responsables políticos de Irlanda del Norte es el evidente reflejo de que el cansancio provocado por el rumbo de los acontecimientos en Ulster está llegando a su límite. Tony Blair y Bertie Ahern no han podido ser más claros: el Parlamento de Stormont será reactivado el 15 de mayo, pero si el 24 de noviembre no hay acuerdo para investir un Gobierno multipartidario y pluriconfesional los parlamentarios dejarán de percibir sus salarios y bonificaciones económicas y ambos ejecutivos - los de Irlanda y Reino Unido- trabajarían conjuntamente para aplicar los contenidos del acuerdo de paz de Viernes Santo. La impaciencia que trasluce esta decisión y el tono severo de los dos primeros ministros revelan un hartazgo y desconfianza que son compartidos ya por buena parte de la opinión pública. Un hastío que se vio colmado por el asesinato del ex dirigente del Sinn Fein, Denis Donaldson, identificado en su momento como un agente británico. En estas circunstancias, Blair y Ahern se han visto impelidos a poner en marcha un calendario exigente y sin posibilidad de marcha atrás.

La muerte de Donaldson ha venido a probar hasta qué punto permitir que grupúsculos armados e incontrolados del nacionalismo radical subsistan en la sombra puede poner en peligro un proceso de paz de las características y alcance social como el gran acuerdo que se materializó en el castillo de Stormont en 1998. Todo el camino recorrido, en cuya senda aún debe producirse la disolución del IRA y la entrega definitiva y comprobable de sus arsenales, se ve ahora seriamente perturbado. No es imposible que el calendario impuesto salga adelante y si los republicanos son realistas harán cuanto puedan por llenarlo de contenido y volver al Gobierno autónomo hoy día suspendido. No hay otra salida a medio plazo, excluido el inimaginable retorno a una violencia que nunca tuvo futuro.