El establecimiento de unas bases comunes para el cálculo del impuesto de sociedades en la Europa comunitaria no es un objetivo alcanzable en el corto plazo por los socios de la Unión Europea. Tras abordar este polémico asunto por cuarta vez consecutiva, los ministros de Economía y Finanzas de los 25 han mostrado durante el Ecofin informal celebrado este fin de semana en Viena diferencias tan apreciables sobre el problema que el entendimiento en los plazos que la Comisión europea está barajando para resolverlo -al año 2008-, no parece al alcance de la mano.

Definida en 2001 y confirmada en 2003, la política tendente a promover un cálculo del impuesto de sociedades sobre bases comunes se sitúa como una prioridad para el desenvolvimiento del mercado interior en la era de la globalización.

Una base de cálculo común para ese impuesto abarataría los costos de homologación, eliminaría los problemas relacionados con las transferencias, acabaría con muchas situaciones de doble imposición y simplificaría las reestructuraciones internacionales.

Una comunicación hecha pública el martes pasado por el comisario europeo para la Fiscalidad, Laszlo Kovacs, daba cuenta de los progresos realizados por un grupo de expertos creado para situar el problema en su auténtica dimensión. El Impuesto de Sociedades no sólo es diferente en cada país miembro, sino que responde a conceptos impositivos distintos. Definir una base común de cálculo para ese tributo sin ocasionar desequilibrios en la recaudación, y sin alterar de manera significativa la maquinaria establecida para cobrarlo, constituye un reto de proporciones gigantescas que la UE dista aún de resolver.

En el Consejo se han evidenciado dos tesis abiertamente contrarias. De un lado, la de quienes (Reino Unido, Irlanda, y algunos de los nuevos socios de la UE, como Eslovaquia, Estonia o Malta), simplemente se oponen a la idea por razones de soberanía fiscal. Por otra parte, la de los favorables a ella («más de una decena», según Kovacs). El resto de los países miembros, según el comisario, se manifiesta de acuerdo, aunque con matices.

Proteccionismo

Al margen de ese asunto, el Ecofin debatió la problemática de la globalización y las reacciones proteccionistas que se están dando en Europa para afrontarla.

Los ministros de Economía reiteraron su rechazo al proteccionismo y aseguraron que no es una respuesta válida frente a la globalización, ya que no resuelve los problemas, sino que crea más dificultades a largo plazo. A su juicio, es imprescindible aprovechar las oportunidades de la globalización, impulsando una mayor liberalización y desregulación para lograr un verdadero mercado único que permita fomentar el crecimiento económico y reducir el desempleo.

El titular del Tesoro Británico, Gordon Brown, abogó por la creación - consensuada con Suecia- de un organismo integrado por expertos independientes y dedicado a vigilar las manifestaciones de proteccionismo en la UE. Ni el Consejo, ni la Comisión, secundaron ese planteamientos.

El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, mantuvo que no se trata de estar «a favor o en contra» de la globalización, ya que es algo que «existe y está ahí». En su opinión, el proteccionismo retrasa la solución de los problemas. No obstante, insistió en la situación especial del sector energético, ya que, según indicó, no existe un mercado interior y hay un «desequilibrio» en la aplicación de las normas. Al respecto señaló que la UE prima la libertad de circulación de capitales y las normas de la competencia frente a la libre circulación de los productos energéticos.

Solbes explicó que en el debate entre los ministros «nadie habló de OPAs» -en referencia a la situación de Endesa-, aunque admitió que hubo una serie de «alusiones».

El Ecofin escuchó la opinión de tres grandes empresarios europeos: los presidentes de Volkswagen, Nestle y Telefónica, Cesar Alierta. Los tres coincidieron en que el mercado interior está excesivamente segmentado, que hay demasiada reglamentación y que se constatan prácticas demasiado diferentes.