Batasuna está abocada a crear un nuevo partido para poder desarrollar una actividad política dentro de la legalidad, según la opinión de varios expertos en Derecho, que coincide con el criterio expresado por la Fiscalía General del Estado. Ni una declaración de condena de la violencia, ni una derogación de la Ley de Partidos podrían tener como efecto la revocación de la sentencia que acordó su ilegalización y su disolución, agregan, dictada en 2003 por el Supremo. Además, sobre Batasuna pesa una suspensión judicial por la vía penal decretada por el juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska, que, de hecho, está dificultando más su actividad política que la ilegalización ordenada por vía administrativa.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona Joaquín Tornos explica que Batasuna «ha dejado de existir» en virtud del fallo del Supremo y «no puede renacer», aunque «las mismas personas pueden formar un nuevo partido». Tornos cree que un pronunciamiento en contra de la violencia no facilitará su legalización, porque se encuentra judicialmente disuelta.

José Manuel Castells, catedrático de Derecho Administrativo de la UPV, señala que, «si se deroga la Ley de Partidos y se dice que se da por superada la situación, podría servir en el ámbito administrativo», pero no valdría para eludir el fallo del Supremo ni la suspensión de actividades. Apunta que «con otras siglas», sin necesidad de cambiar sus estatutos, podría ser legal en las actuales circunstancias porque «ahora no le van a pedir que condene la violencia».

El catedrático Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo también cree que lo más razonable es que Batasuna constituya un nuevo partido, aunque entiende que si sus dirigentes renuncian a la violencia «se levanta la causa de ilegalización y el partido se podría reconstituir».