Los responsables de los atentados del 11-M, la mayor masacre terrorista perpetrada en suelo europeo, tienen desde ayer nombres y apellidos. Se los puso el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, que cerró veinticinco meses de investigación mediante una resolución de 1.460 folios, más once de índice. El auto de procesamiento identifica a las 29 personas que serán juzgadas por 191 asesinatos cometidos mediante la colocación, en cuatro trenes de cercanías de Madrid, de una docena de mochilas cargadas con explosivos cuyo estallido provocó, además, 1.752 heridos censados hasta ahora en el sumario.
El ataque del 11 de marzo de 2004 fue diseñado y perpetrado por un grupo español de terroristas 'yihadistas' que se inspiraron en la doctrina de Al-Qaida. Nada en la investigación que ha dirigido el magistrado, con la colaboración de la fiscal Olga Sánchez, induce a pensar en una participación directa del grupo que dirige Osama Bin Laden. La posible colaboración de ETA es una entelequia que en la resolución del juez no aparece ni mencionada.
Entre los 29 procesados, a los que la Audiencia Nacional tratará de juzgar y sentenciar antes de marzo de 2008, hay nueve españoles. Con Emilio Suárez Trashorras a la cabeza, son los integrantes de la denominada 'trama asturiana' que facilitó a la célula 'yihadista' los explosivos necesarios para perpetrar la masacre. La resolución del magistrado obvia el papel de 'El Gitanillo', un menor de edad que colaboró en el transporte de la dinamita y que ya cumple condena por su participación en los hechos.
El juez Del Olmo culpa de los crímenes a los siete terroristas que se suicidaron el 3 de abril de 2004 en Leganés, cuando se vieron cercados por la Policía y optaron por detonar los explosivos que almacenaban. Además de estos siete suicidas, colocaron las mochilas en los trenes dos detenidos que sí se sentarán en el banquillo de los acusados, Abdelmajid Bouchar y Jamal Zougam, propietario además del locutorio del castizo barrio de Lavapiés de donde salieron las tarjetas de los teléfonos móviles utilizados por los terroristas para detonar los explosivos.
Rabei Osman El Sayed Ahmed, 'El Egipcio', Hassan El Haski y Youssef Belhadj aparecen identificados en la resolución como los promotores o ideólogos del atentado, por lo que deberán responder también por los centenares de asesinatos consumados e intentados, delitos que habrían cometido en grado de conspiración.
Algunos de estos procesados deberán responder también de la muerte del 'geo' Javier Torronteras y de las heridas que sufrieron dieciocho de sus compañeros en el cerco al edificio de Leganés donde se ocultaba la célula terrorista. Los integrantes de este grupo de procesados, acusados también todos ellos de pertenencia a banda armada, afrontarán peticiones de pena que superarán los 30.000 años de cárcel.
Compinches
El juez procesa como miembros del grupo terrorista, aunque no les imputa una participación directa en la masacre de los trenes, a Fouad El Morabit Amghar, Mouhannad Almallah Dabas, Basel Ghalyoun y Mohamed Larbi Ben Sellam, a los que acusa de otros comportamientos delictivos ajenos al 11-M, como captar terroristas suicidas para actuar en Irak o realizar determinadas actividades de infraestructura en apoyo de los compinches que preparaban la masacre.
El grupo, además, contó con varios colaboradores, como Rafá Zouhier, Hamid Ahmidam, Rachid Aglif, Mohamed Bouharrat, Brahim Moussaten, Mohamed Moussaten, Saed El Harrak, Nasreddine Bousbaa, Mahmoud Slimane Aoun y Abdelilah El Fadoual El Akil, procesados por servir de enlace entre la célula terrorista y la trama asturiana, así como por ayudar en los traslados de la dinamita, aunque sin haber podido probar que conocían el destino último de los explosivos.
Como miembros de la red asturiana, junto a Suárez Trashorras serán juzgados de un delito de tenencia y tráfico de explosivos Antonio y Carmen María Toro Castro, Javier González Díaz, Emilio Llano Álvarez, Raúl González Peláez, Sergio Álvarez Sánchez, Antonio Iván Reis Palicio e Iván Granados Peña. Otman El Gnaoui está procesado por el mismo delito y por colaboración con organización terrorista.
Tres de estos imputados -Emilio Llano, Raúl González y Antonio Toro-, así como Mahmoud Slimane Aoun, podrán abandonar la cárcel si abonan fianzas que oscilan entre los 25.000 y 50.000 euros. De hecho, Llano y González abonaron ayer los 25.000 y 35.000 euros que, respectivamente, les había impuesto el magistrado. El resto de los procesados deberá permanecer en la cárcel hasta que sean juzgados. Todos ellos deberán prestar declaración indagatoria los próximos 16, 17 y 18 de mayo, fechas en las que deberán proclamarse culpables o inocentes de los delitos que les atribuye el juez.
El sumario del 11-M incluye a otros 87 imputados, que a la postre no serán juzgados por aquella masacre. A partir de ahora, el magistrado irá resolviendo su futuro procesal. Varios de ellos están procesados en otras causas -'operación Nova', 'operación Sello'- y quedarán a disposición de los respectivos jueces instructores. Otros muchos verán reconvertidos sus cargos en acusaciones por meros delitos comunes que serán encomendados a jueces ordinarios de Madrid.
Tarea descomunal
Se cierran así 25 meses de investigación en los que se han manejado cifras hasta ahora nunca conocidas en la Audiencia Nacional. Aparte del descomunal esfuerzo policial, imposible de cuantificar, el juez Del Olmo ha practicado más de 250 interrogatorios, ha dirigido 46 careos entre imputados y testigos y ha ordenado una treintena de ruedas de reconocimiento, muchas de ellas realizadas en las prisiones donde permanecen recluidos los presuntos autores de la masacre.
Además, las pesquisas han requerido once peticiones de ayuda judicial internacional -vía comisión rotatoria- a Italia, Francia (dos), Argelia, Marruecos (dos), Bélgica (dos), Gran Bretaña, Serbia y Libia. El magistrado sólo vio frustrados sus afanes investigadores cuando reclamó a las fuerzas de Seguridad una reconstrucción de los hechos. Ningún cuerpo policial se atrevió a intentar reproducir lo sucedido aquella mañana de marzo de 2004.