El lehendakari y su Gobierno reconocen «el déficit» de apoyo social y político que han padecido durante años las víctimas de ETA y se comprometen a «saldar con carácter prioritario» esa «deuda moral histórica» contraída por el conjunto de la sociedad. Esta promesa está contenida en el plan de Paz y Convivencia que el tripartito oficializará al regreso de las vacaciones de Pascua y que constituye el estreno, como tal, del consejo político constituido en el seno del propio Ejecutivo por Juan José Ibarretxe y los líderes de EA y EB en el Gabinete, Joseba Azkarraga y Javier Madrazo. El texto hace partícipes a las instituciones de Euskadi, en unos términos llamativamente rotundos, de las exigencias de «memoria, justicia y reconocimiento» activo de los afectados por el terrorismo, a los que sitúa como «protagonistas irremplazables» en la búsqueda de la paz.

La iniciativa, anunciada por el lehendakari en su discurso de investidura del pasado 22 de junio y cuyo contenido anticipó este periódico, fija la posición del Gobierno en un terreno amplio y muy delicado, el de la defensa de los derechos humanos; lo que incluye la voluntad de resarcir a las víctimas de ETA -un 'talón de Aquiles' para Ibarretxe en los primeros años de su mandato-, pero también la admisión del daño provocado por otras formas de terrorismo, el impulso para que se compense a quienes fueron perseguidos por la dictadura franquista, la vigilancia de la situación de los presos etarras o la prevención de la tortura. El documento de alrededor de un centenar de folios quedó ultimado en vísperas de que ETA decretara el alto el fuego permanente, con tres meses de retraso sobre las previsiones iniciales.

Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo trabaja con la posibilidad de escenificarlo en la última semana de este mes y hacerlo, además, en el Parlamento vasco, donde quedaría depositado para su debate. Salvo cambios de última hora, el Gobierno se compromete a rendir cuentas anualmente ante la comisión de Derechos Humanos, lo que unido al eventual gesto de presentarlo en la Cámara atemperaría la desconfianza que ha despertado la iniciativa en la oposición no nacionalista. Esos recelos salieron a relucir, de hecho, en la reciente reunión que mantuvo el líder del PSE, Patxi López, con Ibarretxe, quien al parecer tranquilizó a su interlocutor sobre sus intenciones acerca del plan, en el que han trabajado varios departamentos; entre ellos, las direcciones de Víctimas y de Derechos Humanos.

Ibarretxe ha suprimido del título la palabra reconciliación prevista en un principio. El proyecto no renuncia a situarse frente al horizonte de una Euskadi reconciliada -la parte final apuesta por incentivar la educación para la paz en favor de ese objetivo-, pero no incluye en su frontispicio ese término, que no agrada a las víctimas en unos momentos tan incipientes del proceso de paz. El documento sostiene, de hecho, que debe desterrarse la idea de que los afectados tienen una especie de «deber moral» de reconciliarse con su agresor, un proceso que sí necesitará, precisa, «de la valentía de quienes sean capaces de pedir perdón por los crímenes cometidos».

«La desafección»

No es la única petición de disculpas que se cita. Los damnificados, subraya el plan, deben escuchar «perdón por los errores que todos hemos cometido» y también percibir el cariño de una sociedad «dolorida e impactada emocionalmente», que «ha asistido con miedo, rutina y fatalismo a la secuencia de atentados terroristas que se iban produciendo». El resultado ha sido, prosigue, «la desafección» hacia los afectados, que han soportado además de la pérdida de sus allegados, «la distancia, el abandono, el desinterés» y «justificaciones inauditas» de su dolor; una denuncia que es casi un calco de la que desgranó en diciembre ante el Parlamento la directora de la Oficina de Víctimas, Maixabel Lasa. El Gobierno recalca que sólo el reconocimiento «político, moral y social» de quienes han sufrido permitirá «deslegitimar» la violencia, evitar que tenga precio e impedir que «la historia de este pueblo» se cuente «al dictado del verdugo».

El plan detalla un listado de iniciativas a ejecutar, parte de las cuales han sido aprobadas en dos ocasiones por la Cámara. El Ejecutivo se compromete a instaurar este mismo año la jornada anual en favor de las víctimas, a promover la solidaridad pueblo a pueblo y a organizar un encuentro con todas las asociaciones, bajo la presidencia de Ibarretxe.