El Partido Popular mantuvo ayer sus críticas al nombramiento de Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior y dejó por segundo día consecutivo que los principales ataques llegaran desde los representantes de la formación en Euskadi. El secretario general de los populares vascos, Carmelo Barrio, sostuvo ayer que el nuevo titular de Interior tendrá como prioridades durante su mandato «legalizar a Batasuna, negociar un precio político con ETA y engañar al PP».
El dirigente popular mantuvo los argumentos que ya había empleado un día antes para descalificar a Rubalcaba, aunque aumentó en varios grados la dureza de sus palabras. A preguntas de los periodistas, consideró «una mala noticia» su designación como ministro, recalcó que quienes defienden «la democracia y el Estado de Derecho» deben estar «preocupados» por este nombramiento y recordó que Batasuna «ha saludado» la llegada de Rubalcaba al ministerio.
Barrio insistió en que «es imposible confiar» en el hasta ayer portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y volvió a incidir en su pasado como dirigente socialista y en sus intervenciones durante el escándalo de los GAL, en tiempos del Gobierno de Felipe González, y durante las jornadas posteriores a los atentados del 11 de marzo de 2004. «Trató de anestesiar a la sociedad con el anterior Gobierno socialista, con el tema del GAL, y trató de manipular a la opinión pública con el 11-M», señaló.
El secretario general del PP vasco vio en este moviemiento de fichas de Rodríguez Zapatero un intento de constituir un «'núcleo duro' con el ministro del Interior y con el fiscal general del Estado» con un único objetivo: «darle comodidad a Batasuna y buscar un precio político» por la renuncia de ETA a la actividad terrorista.
Política penitenciaria
Un tono muy diferente ofrecieron los responsables del partido desde Madrid al referirse a los nuevos cargos. La secretaria de Política Autonómica y Local, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que si el Gobierno desea contar con el apoyo del principal grupo de la oposición deberá cumplir «una serie de condiciones» en materia antiterrorista, entre las que incluyó mantener la actual política penitenciaria.
Además de insistir en la idea de que no se puede hacer ningún tipo de concesión a la banda terrorista, Sáenz de Santamaría exigió al jefe del Ejecutivo ser «absolutamente leal» con el PP y «decir las cosas a las claras». En esta misma línea mostró su inquietud respecto a lo que Zapatero «pueda tener en mente» con los nombramientos de los nuevos ministros, según explicó en una entrevista concedida a la cadena Cope.