La «mayor infraestructura que jamás se ha construido en Euskadi», tal y como han definido a la 'Y' ferroviaria los dirigentes del PNV, recibirá el espaldarazo definitivo el día 24. La cita está programada para mediodía en la sede del Ministerio de Fomento. Representantes de ambos Ejecutivos rubricarán un acuerdo que permitirá al Gobierno vasco tener plenos poderes para poder comenzar la construcción del tramo guipuzcoano de la red de alta velocidad de Euskadi.

Si no existen cambios de última hora, Magdalena Álvarez, titular de Fomento, estará acompañada de Pedro Solbes, ministro de Economía. Por parte del Ejecutivo autónomo, acudirán al encuentro la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, y la consejera de Obras Públicas y Transportes, Nuria López de Guereñu. También estampará su firma el representante de Adif, gestor estatal que administra las infraestructuras ferroviarias.

Según explicó ayer Miren Azkarate, portavoz del Gobierno vasco, la rúbrica motivará, lógicamente, la retirada de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Ejecutivo central contra la decisión unilateral del entonces consejero de Transportes, Álvaro Amann, de sacar a concurso las obras de dos pequeños tramos del ramal guipuzcoano: el acceso a Irún y el de Ordizia-Itsasondo. El Tribunal Constitucional dictaminó el pasado noviembre paralizar la licitación 'sine die'. El próximo auto del Constitucional será el de disentimiento, es decir, la retirada de los recursos.

Éste es el mejor ejemplo de la confrontación política que ha existido en los últimos años entre los dos Ejecutivos -llegada al máximo entre el ministro Cascos y el consejero Amann durante la última legislatura del PP-, y que ha motivado la paralización del proyecto.

Pacto presupuestario

La interlocución entre el nuevo Gobierno socialista y el PNV se restableció el pasado diciembre con un acuerdo 'in extremis' por el que Fomento se comprometía a impulsar definitivamente la 'Y' tras recibir el apoyo nacionalista a los Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el ministerio, a través de Adif, construiría los ramales alavés y vizcaíno, mientras que el Ejecutivo autónomo, el comprendido entre Bergara e Irún.

Cuatro meses después, el acuerdo político se plasmará el día 24 en dos documentos oficiales: el acuerdo marco y la encomienda de gestión. El Gobierno vasco asumirá el coste de la parte guipuzcoana, unos 1.640 millones de euros que se detraerán del Cupo. El coste total de la red asciende a 4.000, un cifra superior, por ejemplo, al presupuesto anual de las tres diputaciones. Para dar cuenta de los detalles, Nuria López de Guereñu ha solicitado de motu propio sus comparecencia en el Parlamento.

Si durante estos cuatro meses nada se ha podido hacer en Guipúzcoa, Fomento ha dado un fuerte impulso a la infraestructura con la adjudicación, el 31 de marzo, del primer contrato de obras para construir la plataforma de vía entre las localidades alavesas de Arrazua y Legutiano, de 5,2 kilómetros.

El anuncio de Miren Azkarate no pasó desapercibido para la oposición. El parlamentario popular Borja Semper expresó su «satisfacción» por el acuerdo y aseguró que «el PP seguirá velando para que las discrepancias internas dentro del Gobierno vasco no retrasen la construcción».