La primera piedra de la residencia de personas mayores de Rekalde suscitó ayer una gran expectación. En parte porque, como recordó el alcalde, Iñaki Azkuna, «es uno de los proyectos que más se nos ha complicado». Las obras se adjudicaron a finales de 2003, pero un litigio judicial las ha retrasado más de dos años. Una empresa que solicitaba la reversión de la parcela llevó al Consistorio a los tribunales, aunque el pleito se ha resuelto con una compensación económica.

El inicio de los trabajos coincide además con un intenso debate sobre los servicios sociales. Vizcaya acaba de estrenar una normativa sobre residencias que introduce varios cambios. El principal es el reconocimiento de deuda, un documento que deberán firmar los usuarios en el momento de su ingreso. «Habrá que ver cómo funciona y, seguramente, hacer algunas modificaciones», adelantó el diputado de Acción Social, Juan María Aburto.

Tal como está regulado, el reconocimiento de la deuda garantiza que, a la muerte del usuario, la Diputación podrá poner en venta su vivienda para cobrar la diferencia entre el precio de la asistencia prestada y la cantidad que haya ido pagando, en función de sus posibilidades económicas. La intervención se retrasará si el piso está ocupado por su cónyuge o por hijos menores, estudiantes, en paro o discapacitados, o si se aprecian «circunstancias excepcionales». La Diputación estudia implantar este mismo año un «precio bonificado», al igual que en Álava, de forma que el residente y sus herederos nunca lleguen a pagar la totalidad del coste del servicio.

El debate sobre la financiación de las plazas residenciales no se limita a Vizcaya. El diputado general aludió a la discrepancia suscitada el lunes en el Parlamento entre el viceconsejero de Inserción Social y Familia, Manuel Vigo, y los representantes forales de Vizcaya y Guipúzcoa. José Luis Bilbao apostó por huir de «debates estériles» y «mítines sobre política fiscal», en referencia a la subida progresiva de impuestos que defiende Ezker Batua.

«El copago ya es una realidad», dijo. «El que carezca de ingresos tendrá garantizada la asistencia, pero el que los tiene deberá poner algo de su parte». La Diputación, aseguró, no tiene previsto aumentar las tarifas de los centros ni subir los impuestos. «Nuestro objetivo, con las reformas fiscales que están en marcha, es que no baje la recaudación», precisó. También se intentará conseguir más recursos con la revisión de la Ley de Aportaciones y la colaboración del Departamento de Sanidad, que ya aporta fondos a las residencias de Guipúzcoa. Este tema se pondrá sobre la mesa después de Semana Santa.