El primer sociómetro realizado en Vizcaya retrata a una sociedad bastante satisfecha con su calidad de vida -la calificación roza el notable- pero con serias preocupaciones. La principal es el futuro de los servicios sociales, que se consideran insuficientes y se pondrán a prueba en los próximos años ante el envejecimiento demográfico. El informe encargado por la Diputación, basado en 1.400 encuestas, también pone de relieve el escepticismo de los ciudadanos sobre la política fiscal y su lucha diaria contra los atascos.

La empresa Gizaker realizó las entrevistas telefónicas, un cuestionario de 52 preguntas, entre el 6 y el 15 de marzo. El diagnóstico se repetirá tres veces al año para seguir su evolución. En este primer examen, seis de cada diez vizcaínos se muestran convencidos de que aquí «se vive mejor que en otras zonas del entorno». El servicio mejor valorado -notable alto- es el metro y el único suspenso es para la vivienda. La seguridad ciudadana se queda en el aprobado, al igual que las principales competencias forales: los asuntos de bienestar social y las carreteras.

En pleno debate sobre la financiación de los servicios sociales, en los ciudadanos ha calado la preocupación sobre cómo cubrir una demanda creciente, sobre todo entre las personas mayores. El 55% de los encuestados se muestran dispuestos a «pagar hoy más impuestos para hacer frente al gasto en el futuro», un planteamiento defendido en el Parlamento por el Gobierno vasco.

A una pregunta aún más directa se responde con división de opiniones. «¿Es necesario incrementar los impuestos para mantener las residencias para personas mayores?». El 'no' gana con un 44% y el 'sí' se queda muy cerca, en un 42%. Estos ajustados porcentajes revelan la controversia que suscitan temas tan delicados. El copago, sistema en vigor y por el que apuestan las diputaciones, obtiene un amplio respaldo. Ocho de cada diez personas cree «justo» que los residentes sufraguen parte de los gastos en función de sus recursos, y que se tengan en cuenta sus propiedades para calcular la tarifa.

La inmigración, que se perfila como la tercera gran preocupación social tras el terrorismo y el paro, introduce un nuevo elemento de discusión: el 54% de los encuestados cree que las personas que acaban de llegar a Vizcaya tienen el mismo derecho que el resto a ocupar una plaza residencial. En cuanto a los servicios existentes, la mayoría cree que faltan geriátricos y centros de día. La red de recursos para menores, mujeres en situación de desamparo, discapacitados y personas en riesgo de exclusión social también se juzga «insuficiente». En cambio, quienes conocen alguna residencia la valoran con una media de notable. La de Barrika se acerca al sobresaliente.

Los vizcaínos se muestran desconfiados al hablar sobre política fiscal. Cerca del 70% cree que «no todos pagan impuestos» y que el nivel de fraude es «muy alto». Los esfuerzos de la Diputación en este campo, a los que últimamente se ha dado gran difusión, se valoran con un 5,4. Para la mayoría, los impuestos son «altos» y la presión fiscal «está mal repartida». Son menos, un tercio del total, los que reconocen que alguna vez han pagado una factura sin IVA. Entre ellos destacan los hombres «con ingresos altos o muy altos».

El tercer gran tema de análisis, el transporte, pone por escrito situaciones muy cotidianas. El coche sigue siendo el medio más utilizado, seguido por el metro, y el transporte público saca un notable, aunque más de la mitad de los ciudadanos lo considera «caro o muy caro». Seis de cada diez personas se topan con un atasco frecuentemente y sufren un retraso de unos 20 minutos. A la hora de buscar culpables, sitúan en primer lugar a los propios conductores y a la intensidad de tráfico, muy por delante de las instituciones. Los autores de la encuesta valoran esta respuesta como un ejercicio de madurez.