El Ararteko asegura que la venta de viviendas municipales en Bilbao «no presenta visos de ilegalidad», en respuesta a los inquilinos que cuestionan las tasaciones y los criterios elegidos por el Ayuntamiento para sacar al mercado los pisos que ahora gestiona en alquiler. Aunque deja claro que el procedimiento es «totalmente válido», el Defensor del Pueblo aprovecha la comunicación con los vecinos para hacer al Consistorio algunas sugerencias. Las fundamentales serían dos. Que aclare las dudas que este «complejo» proceso suscita entre los afectados, sobre todo cuando éstos son mayores; y que podría haberse evitado muchas críticas con otra fórmula de fijar los precios, porque la actual es vista como discriminatoria.

Esta es una de las quejas de peso del grupo de inquilinos del barrio de Torremadariaga, en Deusto, que decidió buscar el apoyo de la oficina de Iñigo Lamarca a sus reivindicaciones. En una carta, respaldada por alrededor de cien vecinos, reclamaron su mediación para «corregir las injusticias» de la venta promovida por Viviendas Municipales, entre ellas, que las tasaciones «penalicen» a los más mayores. Esta sociedad local tiene a su cargo 5.000 pisos en alquiler y ofrece ahora a sus arrendatarios la posibilidad de comprarlos.

Precios «favorables»

La contestación del Ararteko permite despejar algunas dudas que asaltan a los afectados. En favor del Consistorio, recuerda que ha utilizado el sistema de valoración «que le ha parecido más conveniente, pero sin desconocer el principio general de igualdad y objetividad». Aunque dice que la Administración municipal podría haber usado otros métodos, ratifica que el empleado «es totalmente válido» para determinar el valor de una vivienda. Además, destaca que los justiprecios resultantes «son muy favorables» para las personas alquiladas «si los comparamos con los valores fiscales o de mercado».

Otra cosa, a juicio del Defensor del Pueblo, es la forma de llevar a cabo «este complejo proceso de despatrimonialización» y el cálculo del precio de la vivienda. Lamarca considera que, «con toda seguridad, debían existir otras opciones que generasen menos problemas». Y señala una: «la renuncia a establecer diferencias por razón de la expectativa de tiempo arrendamiento», algo para lo que es definitivo la edad del inquilino.

El Ararteko también emplaza a Viviendas Municipales a mejorar la información con los afectados porque los esfuerzos realizados hasta ahora, aunque meritorios, «no han sido suficientes».