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Viernes, 14 de abril de 2006
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POLÍTICA
ÁLAVA    VIZCAYA
 
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ATENTADOS. ETA destrozó una discoteca de Urdax después de que su dueño se negara a ceder ante la extorsión. / F. DE LA HERA
POLÍTICA
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta a su primer escollo en la verificación del alto el fuego permanente decretado por ETA, que entró en vigor hace hoy exactamente tres semanas. El Ministerio de Interior investigará la autenticidad de las cartas de extorsión recibidas por varios empresarios de Navarra con fecha indeterminada del mes de marzo, para certificar, en primer lugar, si responden o no a la autoría de la organización terrorista y, caso de ser así, si fueron remitidas antes o después del cese de la violencia, anunciado por la banda el pasado día 22 y hecho efectivo 48 horas después. El Ejecutivo, que ha optado por extremar la cautela a la espera del resultado que ofrezcan las pesquisas policiales, se ha comprometido a dar por válido el gesto de distensión de la cúpula etarra sólo cuando certifique su sinceridad: esto es, que ha desaparecido toda expresión de violencia, incluido el chantaje a los industriales. De esa verificación depende la comparecencia de Zapatero ante el Congreso, prevista para junio.
 
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