«De aquí no nos movemos sin un trato justo». Este es el lema que acuñaron el pasado verano tres vecinos de la urbanización 'Doce amigos' del barrio bilbaíno de Uribarri. En aquel momento, el entonces propietario de los inmuebles vendió el terreno a una promotora privada, con la mediación del Ayuntamiento. El futuro proyecto para la zona implicará el derribo de estas 36 infraviviendas, ubicadas en la ladera del monte Artxanda a la altura de Maurice Ravel, y la construcción de 60 pisos y 130 plazas de aparcamiento. Una medida que ha afectado a 19 familias. Aunque la concejala de Urbanismo, Julia Madrazo, afirmó en octubre que todos «están realojados sin problemas», algunos se mantienen en pie de guerra.

Carmen Fernández es una de ellas. Tiene 74 años y hace más de 60 que llegó desde Asua al tercer bloque de 'Doce amigos' cogida de la mano de su madre. Fue la primera y, desde entonces, todos sus recuerdos están unidos a una casa en la que también se crió su hija. «Llevo toda la vida aquí y ahora me veo en la calle», critica. Desde que se enteró de la noticia de la venta no ha podido descansar tranquila. Toda una paradoja si se tiene en cuenta que su ventana está rodeada de tapias. «No sé qué va a pasar conmigo», repite una y otra vez.

La única oferta que ha recibido por parte de la empresa ha acrecentado su incertidumbre: un piso de por vida en Santutxu con un alquiler mensual de 210 euros, frente a los 3 euros simbólicos que abona desde hace 15 años. «No me importa cambiarme de barrio, lo que no puedo es pagar ese dinero porque cobro 450 euros de pensión mínima. O tengo un techo o me muero de hambre», se justifica.

Esta situación se repite de alguna forma en el segundo edificio. Manahm Franco, de 70 años, lleva a sus espaldas cinco décadas como inquilino y, después de tanto tiempo, tiene las cosas muy claras. «Yo soy de aquí», expresa indignado. La promotora hizo gestiones para que se trasladara a una vivienda en Astrabudua, opción que rechazó al momento. «Quiero seguir en este barrio y continuar pagando 46 euros de alquiler», proclama.

«Salida dialogada»

Hilda Orozco es la tercera en discordia. Con una renta congelada de 183 euros, esta mexicana de 66 años muestra una actitud inquebrantable. «Soy la primera en decir que se embellezca Bilbao, pero yo también tengo mis derechos», asegura. Más de 30 años como inquilina son su mayor aval. La opción ofertada por la promotora en su caso consistió en el alquiler de un piso en Trauko durante cinco años a 210 euros mensuales. La duda que le suscitó: «¿Después de ese tiempo, qué se supone que pasa conmigo?».

Tanto el Ayuntamiento como la promotora se mantienen firmes en su postura. «Cuando se determinó la obra, los contratos de todos los inquilinos se extinguían porque los edificios fueron declarados en ruina. Nosotros lo que quisimos fue que tuvieran una oportunidad a través de una salida dialogada. Pero sólo se puede llegar a un acuerdo cuando dos personas quieren», explica la concejala de Urbanismo, Julia Madrazo.

Los tres afectados decidieron iniciar trámites legales para alcanzar una solución. Fuentes de la constructora aseguran, en este sentido, que están «abiertos a arreglar las cosas», si bien para ellos «tampoco resulta fácil encontrar viviendas en las que realojar a la gente». El último movimiento que barajan, después de ofrecerles hasta 42.000 euros de indemnización, es bajar el precio del alquiler a 100 euros al mes.

«Aunque creemos que estamos discriminando a las personas que ya se han mudado, lo vamos a contemplar porque son los que menos renta pagan», argumentan fuentes de la empresa. «Cansados de esta lucha», su intención es acabar «cuanto antes» con este bloqueo. «El hecho de no aceptar todas sus condiciones no quiere decir que les vayamos a dejar en la calle», aseguran.