El magnate ruso de origen judío, Mijaíl Jodorkovski, ex presidente de la petrolera Yukos y hasta hace poco el hombre más rico de Rusia, se despertó bruscamente el viernes con la cara ensangrentada tras haber sido atacado por un compañero de celda con una cuchilla que se emplea en la reparación de calzado. Jodorkovski cumple actualmente una condena de ocho años de cárcel en un penal de Siberia al haber sido reconocido culpable de varios delitos económicos. Su abogado, Yuri Shmidt, dio ayer a conocer el incidente y aseguró que se trata de un «atentado» contra su vida.

Según Shmidt, al empresario le tuvieron que poner varios puntos de sutura en el botiquín del centro penitenciario. El letrado sostiene que la agresión forma parte de una estrategia premeditada para «eliminar físicamente» a Jodorkovski. El letrado aseguró recientemente que «dado que el poder no ha sido capaz de acabar con él moralmente, se dispone a hacerlo físicamente». Por el momento, no se ha abierto una investigación criminal.

El Servicio Federal de Colonias Penitenciarias de Rusia rechazó ayer categóricamente que lo sucedido se trate de un atentado. La dirección de la cárcel asegura que fue resultado de una discusión entre el magnate y un «joven» amigo suyo. El abogado insistió después en que Jodorkovski se encuentra en peligro. El empresario, conocido por sus duras críticas contra la política del presidente Vladímir Putin, fue condenado a ocho años de cárcel en mayo del año pasado. Su traslado al campo de trabajos forzados de Krasnokámensk, región de Chitá, tuvo lugar el 15 de octubre pasado. El penal fue construido junto a unas minas de uranio con el objetivo de utilizar a los reclusos en las labores de extracción de mineral radiactivo.

Jodorkovski sostiene que es inocente y que el proceso contra él, en el que, según la oposición liberal rusa, todas las pruebas son falsas, tiene como único objetivo desmantelar su imperio petrolero. El magnate ha pasado ya dos veces por la celda de castigo por faltas que su abogado califica de «insignificantes». Shmidt cree que la dirección de la cárcel está actuando con «arbitrariedad» y despreciando los derechos más elementales de su cliente.