Todavía no hemos andado un solo metro del camino de la paz y ya hemos tenido la primera crisis. Media docena de cartas amenazadoras de extorsión -una carta con el sello de ETA es siempre un acto de intimidación, aunque se trate de una felicitación navideña- acaban de provocar una inquietante inversión de la lógica democrática.

Al darse a conocer la noticia de la existencia de las cartas, desde ámbitos socialistas y del propio Gobierno se han difundido mensajes exculpatorios de la actuación etarra que relativizan la importancia del hecho. Al margen de la valoración que pueda hacerse sobre el mantenimiento de la extorsión terrorista, lo que sí resulta llamativo es ver al Gobierno dando explicaciones acerca del envío de las misivas, es decir, sobre una actuación cuya responsabilidad corresponde a ETA.

Es en ese comportamiento en el que se produce la inversión de la lógica democrática: el Gobierno no está para dar explicaciones sobre lo que hace ETA, sino para pedir responsabilidades a la banda. Las cartas no las ha enviado José Luis Rodríguez Zapatero sino los miembros de ETA y, por tanto, es al Ejecutivo al que le corresponde reclamar aclaraciones y son los terroristas los que tienen que rendir cuentas ante sus interlocutores oficiales y ante la sociedad. No seguir esta pauta supone conceder una gran ventaja a los terroristas y poner en un aprieto al Gobierno. No hay más que ver cómo en la polémica suscitada tanto ETA como su brazo político han estado al margen, como si la cosa no fuera con ellos, mientras socialistas y populares se intercambiaban acusaciones y reproches.

El papel del Gobierno no es presentarse como avalista ante la sociedad de los movimientos de ETA, dar por supuestos los buenos propósitos de la banda, pedir comprensión hacia los incumplimientos de la tregua en que pueda incurrir el grupo terrorista o tolerar la vulneración de las decisiones judiciales por parte de su brazo político. La mejor garantía para la paz es un Estado vigilante, no un Estado que haga suya la frase aquella de que 'por la paz, un avemaría', porque, al final, siempre se acaba rezando el rosario entero.

El tan invocado proceso de paz irlandés es la mejor demostración de a dónde conducen este tipo de errores, como ha puesto de manifiesto Rogelio Alonso al denunciar la «impunidad e indulgencia» aplicadas al Sinn Fein para que hiciera «la transición desde el terrorismo a la democracia» y los efectos contraproducentes que ello había generado, tal y como reconocieron los primeros ministros irlandés y británico. Bertie Ahern admitió que para atraer al Sinn Fein al ámbito democrático había «ignorado todo tipo de cosas» sobre actividades del IRA. En España estamos a tiempo de no repetir errores ajenos.

f.dominguez@diario-elcorreo.com