La asociación ciudadana Otro Castro es Posible ha denunciado que la Administración cántabra y el Ayuntamiento de la localidad costera han retirado del catálogo de edificios protegidos del municipio un inmueble de finales del siglo XIX. La decisión posibilitará que esta casona señorial ubicada en el número 26 de la calle La Ronda sea derribada para construir en su lugar un bloque de viviendas.

La edificación figuraba en el listado de inmuebles protegidos del Plan General del Consistorio castreño, lo que suponía que sólo se admitía la realización de obras de conservación en las fachadas y la cubierta, así como trabajos de rehabilitación en el resto de la estructura. No obstante, sus dueños solicitaron su descatalogación en 1997. La Comisión Regional de Urbanismo de Cantabria aceptó la petición y ahora, casi diez años después, tras la venta de la propiedad, los compradores del inmueble anuncian su derribo inminente.

Un «despropósito»

Para evitar que la demolición se lleve a cabo, la agrupación Otro Castro es Posible ha recurrido la decisión de eliminar la casa del listado patrimonial ante el Consejo de Gobierno, al que ha solicitado, además, que declare nula la descatalogación. A su juicio, el expediente presenta «graves irregularidades».

«El recurso en contra del Plan General de los dueños fue interpuesto fuera de plazo, por una persona no legitimada y sin fundamentar la solicitud», aseguran. Asimismo, argumentan que «no existe acuerdo de ningún órgano de gobierno del Ayuntamiento ni informe en el que se muestre la conformidad de los responsables municipales con la exclusión del edificio de la lista». De hecho, «la documentación del planeamiento urbanístico aún recoge la ficha del catálogo con el edificio protegido y, en un documento elaborado recientemente para la Agenda Local XXI, sigue apareciendo como tal», desvelan.

«Ante este cúmulo de despropósitos», el grupo ha pedido al Consistorio que suspenda la tramitación del expediente de derribo y que «investigue y depure las responsabilidades que pudieran derivarse de todo el proceso». Los portavoces de Otro Castro es Posible reconocen que «no estamos ante una construcción excepcional, pero sí digna de conservarse tal como se estableció en el Plan General de Ordenación Urbana».

Por su parte, fuentes municipales han asegurado que no tienen «ninguna responsabilidad en una decisión que ha sido tomada por un órgano superior, como es la Comisión Regional de Urbanismo». «El Plan General no es una figura de protección suficiente ante una decisión de esa institución», justificó un portavoz del Ejecutivo local de la localidad cántabra.