«Realidad nacional». Ésta es la modalidad escogida para la denominación de Andalucía en el preámbulo de la reforma estatutaria de la comunidad, aunque sólo ha contado con el apoyo del PSOE ya que los demás partidos presentaron enmiendas en este apartado. El informe final de la ponencia fue aprobado ayer con el apoyo de socialistas e IU, mientras que PP y Partido Andalucista rechazaron firmar el dictamen.
El nuevo Estatuto de Autonomía reconocerá a Andalucía como «realidad nacional» en el preámbulo, según la propuesta del PSOE, mientras que en el articulado se mantiene la denominación de «nacionalidad histórica». La decisión no ha conseguido el consenso del resto de formaciones políticas, por lo que cada una ha mantenido sus enmiendas. Asimismo, se aprobaron la inclusión en el texto de una ley que regule la participación de los ayuntamientos en los tributos regionales y el reconocimiento de la renta básica, según la redacción original del artículo 23.2.
El siguiente paso será la votación del dictamen el próximo jueves en la última reunión de la Comisión de Desarrollo Estatutario, en la que se debatirá el texto estatutario artículo por artículo, hasta discutir los 250 apartados, a petición de PP y PA. Tras esa reunión, el texto pasará para su debate en el Parlamento andaluz, previsiblemente en un pleno extraordinario el 2 de mayo, para ser remitido a continuación al Congreso de los Diputados. El calendario de trabajo previsto que, previa aprobación en las Cortes, el texto pueda ser ratificado en referéndum en febrero de 2007.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Estatutario y portavoz socialista, Manuel Gracia, insistió tras la reunión en que la voluntad de su grupo es alcanzar el consenso de los cuatro partidos sobre la definición de Andalucía en el preámbulo y el artículo 1 incluso con fórmulas diferentes, por lo que mantienen también su enmienda «con la intención de alcanzar un acuerdo para presentar una transaccional en los trabajos de la comisión».
Gracia apuntó que esta voluntad de acuerdo queda patente en la incorporación de un centenar de enmiendas presentadas por el resto de los grupos parlamentarios, aunque consideró que «hay dos grupos que apuestan por la reforma, (PSOE e IU) y otros dos que no tienen el más mínimo interés en ella», en alusión a PP y PA.
El PP mantiene su exigencia de que no se abandone «el acuerdo alcanzado» en la primera fase de ponencia, en la que se recogía la definición «nacionalidad histórica» y se hacía mención expresa a la «unidad indisoluble» de España.
IU tampoco está conforme con la denominación y al igual que el PA aboga porque se emplee el término nación, pero la portavoz de la coalición, Concha Caballero, consideró que el texto recoge numerosos avances en materia de competencias y derechos sociales, y criticó que «la intransigencia y las enmiendas del PP nos retrotraen a los años setenta».