La Audiencia Provincial decidirá a finales de mayo o principios de junio si el alcalde de Arrúbal, Antonio Fernández San Pedro, abandona definitivamente el Consistorio, materializándose así la pena de inhabilitación de siete años a que fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Logroño como autor de un delito de prevaricación.
Fernández San Pedro se negó a dar posesión hasta en cinco ocasiones al secretario de Arrúbal, haciéndolo definitivamente -y tras múltiples requerimientos por parte de la Administración local- cuarenta días después de que hubiera finalizado el plazo establecido para ello.
El primer edil de Arrúbal, que además de la pena de inhabilitación fue condenado a indemnizar con 4.000 euros al secretario, recurrió sin éxito el fallo ante la Audiencia Provincial cuyo tribunal confirmó íntegramente la sentencia en diciembre de 2005.
El máximo responsable de la Corporación de Arrúbal, que desde aquella fecha ha defendido y proclamado su inocencia en reiteradas ocasiones, decidió proseguir su particular batalla con el traslado entonces de la reivindicación absolutoria al Tribunal Constitucional, al margen de recurrir simultáneamente a la vía del indulto en una súplica que avalaron y apoyaron un centenar y medio de vecinos, aproximadamente.
Dos opciones que siguen sus respectivos cursos y cuya fecha de resolución hoy se ignora, pero que sin embargo sirvieron de lanzadera a Fernández San Pedro para plantear el pasado marzo un recurso ante la Sala de instancia que le condenó, solicitando en concreto la suspensión de la ejecución de la pena de inhabilitación. La respuesta no se hizo esperar y un auto del Penal-2 resolvió con fecha 8 de marzo que no procedía concederle el beneficio de la suspensión, porque ello conllevaría «una gran alarma social». Además, con ello se produciría una situación totalmente anómala «si tras la esperada sentencia se permitiera que el penado continuase ejerciendo el cargo», decía el auto.
Pues bien, frente a este auto denegatorio el alcalde de Arrúbal ha planteado un nuevo recurso, en esta ocasión ante la Audiencia Provincial, que según fuentes consultadas por este diario se sometería a deliberación y fallo presumiblemente en la segunda quincena de mayo o en la primera quincena de junio como muy tarde. El contenido del mismo será el que decida definitivamente si Fernández San Pedro abandona o no la alcaldía.
«Si me mantengo en el cargo es porque quiero demostrar que soy inocente y no tengo nada de prevaricador», aseguraba ayer a este diario Antonio Fernández San Pedro, quien no descarta que pueda darse el caso de que la Audiencia obligue a ejecutar la sentencia y sin embargo, luego, «el Gobierno me indulte o el Tribunal Constitucional me conceda el amparo».
Y desde luego, añadía Fernández San Pedro, «nada más lejos de que pretenda ocultar alguna cosa. Estoy dispuesto a que se audite el último expediente y el último apunte contable del Ayuntamiento. No tengo el menor problema».