El PSOE eleva el tono de las denuncias formuladas durante las últimas semanas contra la política urbanística del actual equipo de Gobierno, sustentado por el PP y quien fuera representante del PR, hoy concejal no adscrito, Baudilio Álvarez, y deja entrever que la moción de censura presentada hace dos años contra la alcaldesa socialista Lydia Rojas está estrechamente vinculada con el proyecto urbanístico de Amatauri, un plan que contempla la construcción de más de 1.500 viviendas y un campo de golf.

Según reiteró la portavoz municipal socialista en rueda de prensa, «Capellán vendió una finca rústica de poco más de dos hectáreas» situada dentro de ése ámbito de actuación «a precio de urbana». Y lo hizo, remarcó Rojas ante los medios de comunicación, «porque sabía que la iba a recalificar meses después».

La información, sustentada en el conocimiento que el PSOE tiene, según dejó entrever, del precio que se pagó por ese terreno cuando se trataba de una finca agrícola, fue facilitada «para dar a conocer a los ciudadanos la verdad de lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Haro y que desconocen, y para que los ciudadanos tengan pistas suficientes como para entender que la moción de censura no estaba motivada por la actuación personal de alguien en concreto (señalándose a sí misma) ni contra la actuación de ninguna formación política».

Dejaba entrever, en concreto, que aquella actuación estaba justificada «en la defensa de intereses particulares» relacionados, en este caso concreto, con la tramitación del proyecto que contempla la recalificación de cerca de 1,3 millones de metros cuadrados de terreno situados en el término municipal de Atamauri. Y apuntaba, al mismo tiempo, que el alcalde jarrero procedió a la venta de su parcela «para poder votar en el pleno, porque de otra manera esa recalificación no habría sido aprobada».

Los socialistas insisten, por todo ello, en que «Patricio Capellán ha utilizado información privilegiada» y asume la posibilidad de que el regidor municipal recurra a los tribunales ordinarios para plantear una actuación judicial contra sus representantes en la Corporación riojalteña.

Le recuerdan, no obstante, que «siempre que han planteado pleitos contra los socialistas los ha perdido, utilizando el dinero de los ciudadanos de Haro», y le piden por esa razón que, «si decide iniciar cualquier procedimiento, en esta ocasión lo haga con el dinero de su bolsillo», tras acusar a la cúpula municipal de «no gobernar para el pueblo, sino por los intereses personales de algunas personas, al menos a lo largo de esta legislatura».