Comenzó por sorpresa hace un año cuando el Ayuntamiento de Basauri detectó «presuntas irregularidades urbanísticas» en varias promociones de pisos de la localidad. Todo apuntaba a que los promotores estaban construyendo más de lo permitido por el Plan General de Ordenación Urbana y la voz de alarma se disparó. Para confirmar sus sospechas, los responsables municipales solicitaron a un perito externo que realizara una investigación de un caso en concreto: el de la urbanización de 35 viviendas en Kanda Landaburu. El informe corroboró sus temores. Éste fue el primer caso de los cuatro descubiertos hasta ahora y en los que presuntamente está implicado el arquitecto jefe del Consistorio. Desde entonces, funcionario, promotora, alcaldía y más tarde, vecinos, viven un quebradero de cabeza que cada día se enquista un poco más.

Apenas un mes más tarde de que surgieran los primeos visos de escándalo, una nueva anomalía salió a la luz: la promoción de 20 viviendas situadas en la céntrica plaza Arizgoiti, muy cerca de la casa consistorial. Según parece, el constructor habría ampliado cada piso de 70 a 105 metros cuadrados. A diferencia del primer caso, el edificio todavía no estaba terminado y el alcalde, Rafa Ibargüen, ordenó la inmediata paralización de los trabajos y la suspensión de empleo y parte del sueldo por seis meses del arquitecto municipal. El primer edil aseguraba que iban a «depurar responsabilidades».

Pasó el verano y el área de Urbanismo paralizó las licencias de de otras dos nuevas construcciones tras detectar irregularidades similares. Una en la calle Kareaga Goikoa y otra en el barrio de Basozelai. La Fiscalía admitió a trámite las tesis del Ayuntamiento y denunció al arquitecto jefe ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El funcionario está pendiente de un proceso penal después de que el Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao le acusara de «un delito contra la ordenación del Territorio» en las promociones de Arizgoiti y Kanda Landaburu. El arquitecto alegó en su defensa que los responsables municipales «sabían que había irregularidades» y que se sentía «víctima de una caza de brujas».

Mientras, los compradores vivían su propio «drama». Las cosas de palacio van despacio y su «indignación» crecía a medida que el proceso se alargaba y sus casas no iban para adelante. A finales de diciembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nú-mero 4 de Bilbao acoge una vista para determinar si la paralización de Arizgoiti fue correcta. Su respuesta: una negociación a tres bandas entre Ayuntamiento, Promotora y vecinos. Y no se ponen de acuerdo.

Hasta última hora

Temerosos, a ocho días de que se cumpliera la fecha impuesta para concretar el pacto, los propietarios pidieron al juez que ordenara la reanudación de los trabajos como medida cautelar. «Cuando los perjuicios a terceros de buena fe son muy graves, se pude solicitar esta medida», alegaron los vecinos. El magistrado aceptó, aunque los vecinos han tenido que depositar un aval de 424. 703 euros del que puede hacer uso el Ayuntamiento si se demuestra que los permisos son ilegales. El Consistorio, «disconforme», lo recurrió ante el Tribunal de Justicia del País Vasco, aunque la decisión judicial no interrumpe el proceso abierto sobre las presuntas irregularidades.

El pasado viernes, el Ayuntamiento retiró el precinto de las obras de Arizgoiti, después de que en un nuevo auto el juez ordenara «bajo amenaza penal y multa económica» que se reanudaran. La medida ha venido precedida de unas semanas marcadas por un tira y afloja entre las partes implicadas pero tras la Semana Santa, los operarios volverán -ocho meses después- a su tarea. «Estamos un poco más tranquilos, pero a ver todavía lo que pasa. Han sido tantas artimañas del Ayuntamiento...» Explicaba el portavoz de los vecinos tras conocer la noticia.

El Consistorio, por su parte, confía en que la Justicia prospere y mantiene desde el principio que no tiene «nada que esconder». Mientras tanto, seguirán examinando otras promociones presuntamente irregulares. La duda sigue sembrada.