Las obras públicas y la construcción de inmuebles generan cada año un volumen de excavación de entre 18 y 20 millones de metros cúbicos de tierras en Vizcaya. Gran parte se utilizan como relleno en el propio tajo, pero se calcula que queda un 30% de materiales excedentes. La Asociación Vizcaína de Excavadores ha dado la voz de alarma e incluso sacó sus camiones a la calle para reclamar nuevos emplazamientos.

La única escombrera está en Zaratamo y tiene «muy limitado el paso de camiones», afirma el gerente de la entidad, Xabier Zaldunbide. En Zeanuri y Goiuria hay otros dos puntos de vertido «muy pequeños» y el proyecto de Muskiz se frustró. «La situación es tan mala que para poder seguir con las obras de la biblioteca de Abandoibarra están apilando tierras en una plataforma de Burceña», asegura. Todo esto complica el futuro de un sector que genera «más de 3.000 puestos de trabajo» en Vizcaya.

¿Y los ayuntamientos?

El documento elaborado por el Gobierno vasco es «una herramienta de trabajo muy importante» para afrontar esta situación. Sin embargo, Zaldunbide advierte de que habrá «problemas de gestión» para llevarlo a la práctica. «No se ha tenido en cuenta a los ayuntamientos, que son los que conceden la autorización definitiva». Las concesiones aún vigentes y el coste de los trabajos, entre otros factores, harán «inasumibles» algunas propuestas. Los profesionales abordaron este problema recientemente en un encuentro celebrado en Bilbao donde participaron representantes de once asociaciones, entre ellas las tres del País Vasco y las de Asturias, Burgos, Aragón, Barcelona, Valencia, Madrid y Segovia.

«La carencia de puntos de vertido es un problema común», afirma Zaldunbide. En la reunión se decidió exigir a la Administración «que por ley las licencias de los proyectos incluyan lugares de vertido para cada obra». El próximo encuentro se celebrará en junio en Álava.