Rigor penal, tensión, incidentes... La audiencia ha recordado los viejos tiempos de los juicios a ETA en París. Sólo la ausencia de medidas especiales de seguridad en la sala reflejaba el período de distensión abierto hace un mes. Nada más aparecer los magistrados, Guimón, de 36 años, y Beyrie, de 30, ambas naturales de Bayona, se pusieron a gritar "Euskal Herria askatu" ("Libertad para el País Vasco") y a patear la mampara de separación.

Por orden del presidente del tribunal, Philippe Vandingenen, fueron evacuadas de la sala por la escolta con empleo de la fuerza ante su resistencia a la expulsión. Los gendarmes les esposaron las manos a la espalda y las arrastraron hasta el acceso a los calabozos sin que dejaran de corear el lema citado.

La abogada defensora, Xantiana Cachenaut, ha explicado luego que sus patrocinadas no deseaban comparecer a la lectura del veredicto y que habían sido conducidas "a la fuerza" desde las cárceles de Fresnes y Fleury-Mérogis (periferia de París) con los correspondientes registros, cacheos e inspecciones corporales. Las presas no habían acudido a la segunda jornada del juicio, celebrado a comienzos de mes, tras mantener un absoluto mutismo en la jornada inaugural por no tener autorización para expresarse en euskera.

La sentencia también condena a Patrick Etchemendy (Bayona, 1966), en libertad condicional, a un año de prisión con dispensa de cumplimiento por complicidad. Sólo en este caso la pena es inferior a la pedida por el fiscal, que había reclamado el doble contra este vascofrancés por haberse brindado a ser avalista del arrendamiento de un local para la logística de ETA.

El acusador público, Jean Michel Bourlès, ha solicitado de siete a ocho años para Guimón por el alquiler de cuatro lonjas en el País Vasco francés localizadas en abril de 1999, durante la anterior tregua, con una importante cantidad de armas y explosivos así como dos furgones. En una caja de plástico con un sistema electrónico de encendido se identificaron cinco huellas dactilares de Beyrie, para la que ha instado una pena de cinco años.

Cachenaut anunció que va a reflexionar sobre la conveniencia de presentar un recurso, iniciativa para la que dispone de un plazo de diez días. En su alegato había invitado a los jueces a tomar en consideración a la hora de deliberar "la voluntad sincera y real de ETA de solucionar el conflicto".