La Comisión Europea dio ayer su visto bueno a la OPA lanzada por el gigante alemán E.on sobre Endesa sin imponerle condición alguna al considerar que la fusión entre ambas compañías no tendría un impacto significativo sobre la competencia en el mercado energético de la UE.

La decisión no tiene consecuencias inmediatas, ya que la operación está empantanada en los tribunales al haber paralizado un juzgado de Madrid la oferta de Gas Natural sobre la eléctrica y haber suspendido el Supremo la resolución del Consejo de Ministros que autorizaba la propuesta de la firma catalana. Sin embargo, supone un nítido espaldarazo de Bruselas a E.on, frente a los intentos del Gobierno español de frenar la compra de la primera eléctrica del país. Y, sobre todo, da lugar a una confrontación de legitimidades: la del Ejecutivo comunitario, que defiende su protagonismo en este asunto a la luz del reglamento sobre concentraciones en la Unión; y la del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, que acaba de otorgar nuevos poderes a la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Gracias a ellos, la OPA del grupo germano deberá pasar por el filtro del regulador, que incluso podría vetarla. La Comisión sostiene que esas atribuciones vulneran la libertad de capitales y de establecimiento que consagra el Tratado de la Unión, y prepara un procedimiento de infracción contra España, que comenzará su andadura a comienzos de mayo, según las estimaciones más recientes.

El fallo del Ejecutivo comunitario es de una claridad palmaria. Frente a la veintena de condiciones impuestas por el Gobierno español a la OPA de Gas Natural, el acuerdo promovido por la comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, deja expedita la vía a la fusión entre E.on y Endesa sin ningún tipo de cortapisas. Esa operación «no obstaculizaría de forma significativa la competencia efectiva en el Espacio Económico Europeo o en una parte sustancial del mismo», sostiene.

«Interferencias»

Bruselas ha concluido que las actividades de ambas compañías que se solapan en los mercados eléctricos de Francia, Italia, Alemania y Polonia son «limitadas». En España, donde Endesa es líder en ese sector, el gigante alemán no opera. Además, las dos firmas no colisionan en el segmento del gas natural. Por ello, la Comisión estima «poco probable» que su hipotética fusión «tenga un impacto negativo importante sobre la competencia» en esos países o en el conjunto de la UE. Ni siquiera la dimensión acrecentada de E.on tras la concentración parece inquietarle.

En un almuerzo ante un foro de parlamentarios, Kroes destacó ayer las ventajas de las fusiones entre empresas de distintos socios comunitarios porque, a su juicio, tienen «especiales probabilidades de crear grupos europeos fuertes, capaces de triunfar en mercados globales». Por ello, subrayó que observa «con gran preocupación la aparente tendencia en varios estados de la UE a la interferencia de los gobiernos» en ese tipo de operaciones en el sector energético y en el financiero.

La decisión comunitaria evidencia el fracaso de las gestiones del Ejecutivo español para evitar el choque de legitimidades al que Bruselas y Madrid se ven abocadas por las posiciones antagónicas que han adoptado en este caso. Además, muestra la prevalencia en Bruselas de las tesis del Gobierno de Angela Merkel, que apoya a E.on con menos aparatosidad que la que el Gabinete de Zapatero ha derrochado con Gas Natural.