El proyecto de Ley del Suelo ha provocado serias discrepancias entre el Gobierno de Ibarretxe y el grupo del PNV en la Cámara vasca. La portavoz del Ejecutivo autónomo, Miren Azkarate, respaldó ayer el texto pactado por el consejero Madrazo y el PSE; sin embargo, el parlamentario peneuvista Juan Antonio Arieta-Araunabeña propuso introducir unas modificaciones sustanciales que preservan las competencias de las diputaciones en materia de urbanismo y permiten construir pisos de protección más caros. A esos pisos podría acceder cualquier ciudadano aunque gane mucho dinero.

Arieta-Araunabeña formuló estas propuestas en la ponencia parlamentaria que repasa el proyecto de ley, artículo por artículo, una vez que han sido rechazadas las enmiendas a la totalidad del PP y EHAK. El parlamentario reconoció que ahora planteaba una política urbanística muy distinta de la que pactó hace varios meses -y que coincide con las opiniones de la Diputación de Vizcaya-, aunque aseguró que se trata de un propuesta «para la reflexión». Sin embargo, no aclaró qué ocurriría si la rechazaran el PSE y las otras dos formaciones del Gobierno tripartito -EA y Ezker Batua-. «Ya se verá», dijo.

A excepción del PP, dispuesto a negociar, los demás partidos no comparten el nuevo punto de vista del PNV. EA lo rechazó explícitamente y Ezker Batua, sin ocultar su malestar, se remitió a las manifestaciones de Azkarate en favor del proyecto de ley. Sin embargo, el PSE culpó a los peneuvistas de conducirse «de forma irresponsable» al defender de repente un «modelo de derechas». EHAK les responsabilizó de querer liberalizar «aún más» la política de vivienda, que es la mayor preocupación de los vascos.

El PNV formuló ayer dos tipos de cambios. El primer tipo, expuesto por escrito a los demás partidos, plantea reservar el 80% del suelo urbanizable y del urbano para los pisos protegidos. El 20% de esa reserva se destinaría al alquiler social y el resto a viviendas de precio pactado entre la administración y el constructor. Esos pisos tasados no podrían costar más de 210.000 euros (35 millones de las antiguas pesetas), pero tampoco existiría ninguna obligación de construir un mínimo de las actuales viviendas de protección oficial (VPO), que cuestan unos 120.000 euros (20 millones de pesetas).

La idea del PNV es que, en cada promoción se guarde un porcentaje de pisos para colectivos concretos -jóvenes, personas mayores, etc-. Pero al resto de viviendas públicas podría acceder cualquier persona al margen de su sueldo. «Sería un derecho universalizado», indicó Arieta-Araunabeña. En la práctica, significaría que los pisos de alquiler social y los destinados a colectivos concretos ocuparían el lugar de las VPO y el resto del parque protegido serían viviendas tasadas para todo el mundo.

Pisos tasados «de sobra»

En opinión del PNV, esta nueva política permitiría edificar pisos tasados de sobra, de manera que una persona acomodada nunca ocupara una vivienda protegida en detrimento de otra con menos ingresos. Además, los pisos protegidos se financiarían con las propias promociones inmobiliarias, sin tocar las arcas públicas. «Queremos resolver el problema de la vivienda de forma definitiva», resumió Arieta-Araunabeña.

El otro tipo de cambios que planteó ayer el PNV afectan al modelo institucional del país, aunque no los reflejó sobre el papel. Esta formación se mostró disconforme con una reivindicación de EUDEL que está recogida en el proyecto de Ley del Suelo: que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes puedan aprobar los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) sin esperar a que las diputaciones les den el visto bueno en un plazo de seis meses. Si al final se otorga esa competencia sólo a los municipios 'grandes', el PNV cree que debería extenderse a todos sin excepción, sea cual fuere su número de habitantes.

Según Arieta-Araunabeña, habría que reordenar las competencias urbanísticas en Euskadi, ya que la futura Ley del Suelo afectará «al reparto de competencias» de la Ley de Territorios Históricos (LTH). Su propuesta es que los ayuntamientos aprueben los PGOU y que las diputaciones hagan lo propio con los planes territoriales parciales, que ahora necesitan el visto bueno del Gobierno vasco. Al Ejecutivo de Vitoria le quedaría la competencia sobre las Directrices de Ordenación Territorial.

La duda que suscitó la postura del PNV es si este partido piensa que, en resumidas cuentas, el proyecto de ley cambia la LTH. «Es una cuestión muy técnica. Unos juristas dicen que sí y otros que no», dijo Arieta-Araunabeña.