El industrial chacinero de Baños de Río Tobía en cuyas instalaciones murió un joven ecuatoriano de 20 años aplastado por un montacargas cuando pintaba la empresa, aseguró ayer que el muchacho «no tenía por qué estar en esa primera planta» donde perdió la vida y que el uso del montacargas, que siempre se ha utilizado para subir y bajar carros cuando hacía falta, estaba «prohibido para las personas».

Este acusado, que el día de autos se encontraba de viaje en Coruña junto a otro de sus hijos, también imputado en este procedimiento, precisó que la nave donde ocurrió el accidente había cesado su actividad muchos años atrás y que básicamente se usaba desde entonces como almacén por parte de los dos hijos.

La idea de adaptar la nave como secadero fue lo que le llevó a contratar al joven ecuatoriano para que pintara dos de sus plantas, la segunda y la tercera, todo ello mediante un contrato verbal apalabrado en el que pactaron un precio de seis euros por metro cuadrado encalado. «No tenía un horario fijo y venía cuando le parecía bien y no de forma continuada», señaló este acusado, quien precisó que el muchacho carecía de llave para acceder a la planta.

Los dos hijos contra quienes la acusación particular y el sindicato CC OO dirigen la acusación, aunque no la Fiscalía, precisaron que cada uno por su cuenta desarrollaba su actividad -como bodeguero y agricultor uno y como comerciante el segundo-, aunque a la hora de echarse una mano todos eran uno. Ambos negaron que el joven fallecido hubiera trabajado con anterioridad en otras faenas con algún miembro familiar, y mientras que uno de los hermanos aseguró haber coincidido con él en un par de ocasiones, el segundo, que fue quien localizó su cuerpo atrapado, llegó incluso a negar que lo conociera.

De hecho, cuando llegó a la nave del suceso en compañía de unos clientes que deseaban comprar vino y se topó con el desgraciado accidente, lo primero que dijo a los agentes de la Guardia Civil es que «no conocía» al muchacho y que había entrado «a robar». Algo que ratificaron nada menos que tres agentes.

Negó que le quitara la ropa al cadáver y que escondiera una mochila con sus pertenencias bajo un remolque que había en el exterior, para ocultar así una comprometida vinculación, y sí dijo que le intentó retirar el buzo para «darle un masaje cardiaco», todo ello dentro de un nerviosismo del que asegura no estar recuperado.

En la sesión de ayer depuso también la madre del joven fallecido, quien denunció haber recibido a los pocos días llamadas telefónicas para que retirara la denuncia o, de lo contrario, «nos eliminarían», precisó la mujer.

La vista oral se reanudará el 25 de mayo con la declaración de nuevos testigos y con las conclusiones del ministerio fiscal y de las dos acusaciones. Estas últimas reclaman penas de seis años de cárcel -por un delito contra los derechos de los trabajadores y por homicidio por imprudencia grave-, además de unas indemnizaciones de 600.000 euros para la madre y dos hermanas. Fiscalía pide por los mismos delitos una pena global de 4,5 años, pero sólo para el primer y único imputado.