Disfrutar del silencio en la capital vizcaína se hace cada día más difícil. El Ayuntamiento de Bilbao, en su particular lucha contra el ruido, abrió el año pasado 326 expedientes a distintos locales por sobrepasar los niveles permitidos, situados habitualmente en los 30 decibelios de emisión máxima. De los informes encargados, 147 aún no se han cerrado, según los datos ofrecidos por el área de Medio Ambiente. Los casos se acumulan y, aunque las medidas correctoras se aplican de forma inmediata, el proceso administrativo para erradicar los excesos puede alargarse de forma indefinida.

Bares y talleres mecánicos, estos últimos debido a las pruebas que realizan a los vehículos en sus revisiones o reparaciones, copan la mayoría de las denuncias, requisito indispensable para iniciar cualquier tipo de diligencia. El expediente varía en función del horario en el que se esté produciendo la presunta infracción, aunque el porcentaje más elevado se concentra por la noche. En este caso, los afectados por el ruido deben llamar a la Policía Municipal que, tras tomarles declaración, desplaza a una unidad especializada hasta el lugar para realizar las primeras mediciones. El Ayuntamiento, una vez recibidos los resultados, enviará a la mañana siguiente a dos inspectores para confirmar los datos obtenidos tanto en el interior del establecimiento denunciado como en la vivienda del denunciante.

Las reclamaciones que se producen en horario diurno siguen un camino diferente. El afectado debe presentar un escrito en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera de los ocho centros de distrito. Cuando su queja llegue al área de Medio Ambiente, se abrirá el expediente y se inician los trámites necesarios.

Limitador de sonido

Cuando los técnicos municipales levantan acta de la denuncia se abre el plazo para corregir las deficiencias detectadas. En la mayoría de los casos se trata de 'fugas sonoras', sistemas de insonorización insuficientes o la «manipulación habitual» de los equipos de música. «Suelen trampear el limitador de sonido, que es el que impide que se pasen de decibelios», señalan desde el Consistorio. El primer paso es un simple aviso: un 'toque de atención' que fija un plazo de entre quince días y un mes para corregir los fallos, sin que la actividad del local se vea alterada.

Cumplida la fecha, se lleva a cabo otra inspección para comprobar que se han hecho las modificaciones requeridas. Si no fuera así, el Ayuntamiento establece una nueva prórroga de dos semanas, alargando con ello la situación de malestar que acompaña a las personas que sufren los 'ecos' del ruido.

El incumplimiento reiterado de las medidas conlleva métodos más estrictos: cierre cautelar o sanción. Las multas, enviadas por el departamento de Hacienda, parten de 450 euros, si superan en menos de cinco decibelios el volumen de sonido. «Al principio son bajas porque se toman también como una especie de advertencia», apuntan desde Medio Ambiente. La cantidad se duplica si el nivel es mayor a cinco y cuando las vibraciones se hagan muy patentes. Además, la omisión de datos, así como la negativa a facilitar los que les sean solicitados se pagará con una sanción de 1.200 euros, a los que hay que añadir el incumplimiento de las medidas correctoras, que podría alcanzar los 3.000 e incluso suponer la retirada de la licencia por un plazo de dos meses.

Esta última medida se aplica en «pocas ocasiones» ya que, según fuentes municipales, «cerca del 90% de los locales terminan acometiendo las reformas para no perder su negocio».