La Diputación vizcaína ha anunciado hoy que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ha anulado la norma que regula el cobro de peajes en la A-8 y ha considerado que este fallo "no cuestiona ni la tarifa ni la capacidad de las instituciones forales para establecerla".

A través de un comunicado, la Diputación vizcaína ha explicado que los servicios correspondientes están analizando en detalle la sentencia, pero ha avanzado que "de una primera lectura apresurada se puede considerar que ésta inicialmente no afecta al normal funcionamiento de la autopista".

A juicio del gobierno foral, el fallo de TSJPV "no cuestiona el establecimiento de una tarifa, peaje, para la A-8. Lo que hace -asegura- es dejar fuera de su aplicación la vinculación de los rendimientos de dicha tarifa a la financiación de obras de infraestructura diferentes a la A-8". En este sentido, la Diputación ha recordado que la norma ahora anulada consideraba que el canon de uso de la A-8 posibilitaría la construcción de otras infraestructuras como la Super Sur, el Eje del Ballonti o la Variante de Alonsotegi, "nuevas infraestructuras sin las cuales la funcionalidad de la A-8 pudiera verse gravemente afectada".

Recurso

La Diputación cree que existe "materia suficiente para presentar recurso" tanto en lo concerniente a la legitimación de los recurrentes (apoderados del Partido Popular) como en el fondo de la cuestión, ya que la "Variante Sur Metropolitana es parte consustancial de la A-8 y de su futura capacidad de tráfico". Por todo lo anterior, la Diputación ha anunciado que interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo en los plazos legales establecidos y recordó que las Juntas Generales podrían actuar de la misma manera "por tratarse de una norma foral aprobada por dichas institución", e igualmente podría hacerlo la sociedad pública Interbiak.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado la norma de la Diputación de Vizcaya que regula el cobro de peajes en la A-8, dando la razón a un recurso presentado por el PP. La sentencia advierte de que las tarifas establecidas "se extralimitan y son contrarias a Derecho" porque no sólo cubren los gastos de conservación de la vía, sino que se utilizan para financiar "un ambicioso plan de infraestructuras".