El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado la norma de la Diputación de Vizcaya que regula el cobro de peajes en la A-8. La sentencia advierte de que las tarifas establecidas «se extralimitan» porque no sólo cubren los gastos de conservación de la vía, sino que se utilizan para financiar «un ambicioso plan de infraestructuras».