La anulación por el Tribunal Superior de la norma foral que regula el cobro del peaje de la A-8 cuestiona abiertamente el proceder de la Diputación de Vizcaya, que decidió ignorar en 2002 fundadas advertencias sobre la eventual ilegalidad de destinar parte de la recaudación de este canon a la construcción de otras infraestructuras. El fallo judicial aún puede ser recurrido ante el Supremo, pero desde hoy mismo provocará en los miles de usuarios diarios de la vía una comprensible sensación de extrañeza y agravio cada vez que abonen una tarifa bajo sospecha.