El Gobierno, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT lograron a última hora de la tarde de ayer un principio de acuerdo sobre la reforma laboral, que ultimarán la próxima semana y firmarán en torno al 8 de mayo. El pacto pretende reducir la alta tasa de temporalidad del mercado de trabajo español, que afecta a 2,5 millones de empleados:; abaratará el despido de determinados colectivos y reducirá las cotizaciones empresariales. La reunión de ayer estuvo destinada a redactar la 'letra pequeña' de un documento que ha costado más de un año de negociaciones y para el que cada interlocutor ha tenido que rebajar sensiblemente sus propuestas iniciales.

Las dificultades detectadas en el último encuentro consistieron, sobre todo, en encajar unos cambios con otros sin que ninguno perdiera su objetivo ni aumentara su alcance. Todavía quedaron pendientes algunos flecos, que se resolverán en los próximos días. Los negociadores barajan la segunda semana de mayo para la firma del acuerdo, acto al que el Gobierno dará carácter de acontecimiento.

Las variaciones más importantes afectan a la conversión de contratos temporales en indefinidos. Por un lado, habrá un plan de choque transitorio para que todas las colocaciones de este tipo realizadas desde el 1 de enero de 2004 puedan transformarse en contratos fijos vinculados a un despido más barato que el ordinario. Esta medida obedece a que desde el 31 de diciembre de 2003 los contratos temporales no pueden pasar a fijos de fomento del empleo, la única modalidad que conlleva esas indemnizaciones más bajas.

Por otra parte, se suprimirán las bonificaciones a la conversión en forma de descuento en las cotizaciones sociales; y habrá ayudas directas, de una cantidad determinada, con independencia de la base de cotización de cada contrato, que se aplicarán directamente a la contratación indefinida. De esta manera, los empresarios se inclinarán desde un principio por la suscripción de empleo estable al aportarles más ventajas económicas.

Una de las modificaciones de mayor impacto, que se espera afecte a un millón de temporales, consistirá en que las personas que lleven con un contrato eventual dos años y realicen la misma actividad en una empresa se convertirán automáticamente en trabajadores indefinidos. Este cambio pretende reducir el encadenamiento de contratos temporales, la irregularidad más abundante en el mercado laboral.

Subcontratas

Para UGT era muy importante controlar las relaciones laborales en las empresas dedicadas a las contratas y a las subcontratas, para evitar que se limiten a meras compañías que alquilan mano de obra barata. Sin embargo, las medidas que se aplicarán están muy lejos de las perseguidas por la central socialista. La patronal CEOE presentó en este capítulo su más enérgica oposición.

El control conseguido se limitará a ampliar la representatividad sindical en las empresas que realizan los encargos de otras, salvo en la construcción. En este sector, las contratas y subcontratas quedarán bastante reguladas a través de una ley, que tuvo su origen en una iniciativa legislativa popular de CC OO. La nueva norma se está tramitando en el Congreso en estos momentos y verá la luz en breve.

Con las medidas consensuadas, el Gobierno conseguirá mejorar la imagen del país al bajar la tasa de inestabilidad que afecta a casi cuatro trabajadores de cada diez y que es la mayor de la Unión Europea, y cumplir con ello una de sus promesas electorales.

Los empresarios, por su parte, obtendrán una rebaja de los costes laborales, tanto en lo referente a cotizaciones -probablemente de las del Fogasa y las de desempleo- como a las indemnizaciones por despido. Por último, los sindicatos habrán conseguido avanzar en una de sus principales demandas de los últimos años, la de rebajar la contratación temporal, a la que atribuyen buena parte los accidentes laborales. Además, las patronales, CC OO y UGT reforzarán su papel institucional al demostrar que su participación es positiva para los intereses que representan.