El anteproyecto de Ley de Empleo del Gobierno vasco es una norma «ficticia», de «escasa eficacia jurídica», que no define con claridad las competencias en esa materia y crea nuevas estructuras de participación «meramente nominales». Éstas son las principales críticas que le merece al Consejo Económico y Social vasco (CES) esa iniciativa, sobre la que ha elaborado un dictamen que fue aprobado ayer por todos los componentes del organismo, salvo LAB.

Según el CES, al documento elaborado por el departamento que dirige Joseba Azkarraga presenta una «escasa eficacia jurídica» mientras no se traspasen las competencias pendientes de empleo, que sólo en políticas activas suponen el 82% de todas las realizadas en la comunidad autónoma. Pretende además -denuncia- suplir la falta de esas competencias «por la vía de su transferencias, por lo que califica el texto de ley «virtual» o «ficticia», ya que regula materias «cuya responsabilidad no se tiene o cuyo alcance se desconoce».

El organismo sociolaboral reprocha, asimismo, que el documento no realice una «definición competencial clara y precisa» ni aborde la coordinación entre instituciones que evite las duplicidades en el ámbito de las políticas de empleo. Así, señala que, pese a asignar a Lanbide -Inem vasco en fase de desarrollo- las competencias exclusivas en materia de empleo, las diputaciones y los ayuntamientos podrán seguir realizando políticas activas con la única «matización discrecional» de ejercerlas de «forma complementaria y coordinada». «Se está dejando pasar la oportunidad de cimentar los elementos fundamentales de una gestión eficaz», argumenta al respecto.

Funciones nominales

También arremete el CES contra los dos nuevos órganos de participación que contempla el anteproyecto -Consejo Asesor del Empleo y Consejo General de Lanbide-, de los que asegura haber contabilizado 45 desde 1981. En su opinión, tienen «funciones meramente nominales» y sin las competencias suficientes para que los agentes sociales puedan participar activamente en en la planificación y dirección de la política de empleo vasca.

Además, considera que en esta materia se minusvalora la representatividad y función consultiva de las organizaciones empresariales y sindicales. Por ejemplo, en el Consejo Asesor del Empleo sindicatos y patronal suman en total diez miembros de una treintena.

Por todo ello, el organismo reprocha que se desaproveche la ocasión de elaborar una «Ley que permita una política de empleo eficaz», porque no incide en los verdaderos problemas que en esta materia existen en la comunidad autónoma, como son la descoordinación y la ineficacia de las duplicidades entre las diferentes administraciones.

El sindicato LAB emitió un voto particular en el que explica que, ante todo, es necesaria la reivindicación «previa e imprescindible» de un marco propio de relaciones laborales.

El dictamen del CES tuvo una pronta respuesta del viceconsejero de Empleo, Juan José Loroño , quien manifestó que el Gobierno está abierto a las críticas y las aportaciones del organismo.