El avance del Plan de paz y convivencia elaborado por el consejo político formado en el seno del Gobierno vasco constituye un compendio de consideraciones e iniciativas que corren el riesgo de diluir el meollo de la cuestión: el juicio histórico que merece ETA y la reparación que se les debe a sus víctimas. La disposición mostrada por el lehendakari a mantener el documento abierto a las aportaciones de los grupos parlamentarios así como las dudas expresadas sobre su tramitación y naturaleza no rebajan la preocupación suscitada por su contenido o por su posible deriva práctica. El hecho de que sus artífices pretendan «sumar y no restar» bien podría conducir a la adición inconexa y sesgada de posiciones e iniciativas que, lejos de mejorar en coherencia el citado proyecto, realcen su incierto sentido o contribuyan a establecer extrañas analogías y equiparaciones bajo el epígrafe común de los derechos humanos o de su vulneración.

La vertiente más cuestionable del avance del citado plan es la que se refiere a la «variedad de sufrimientos humanos» y a la «reparación global e integral a todas las víctimas». Refleja la dificultad que el nacionalismo gobernante ha venido mostrando a la hora de distinguir el reconocimiento de las víctimas de ETA y la naturaleza y los efectos del terrorismo etarra en relación a cualquier otra conculcación de derechos que se haya producido en Euskadi en los últimos 70 años. La tendencia a la contextualización de la violencia o el discurso explicativo de la misma a partir de supuestas causas directas o indirectas encuentra en el documento presentado por Ibarretxe una variante ya conocida. Es la enumeración correlativa de cinco ejes de acción que acaban situando en un mismo plano «la defensa y promoción de todos los derechos humanos», «la solidaridad con todas las víctimas del terrorismo», «la recuperación de la memoria histórica y la reparación a las víctimas del franquismo», «la defensa de las libertades y los derechos civiles y políticos» y «la prevención de la tortura y el respeto de los derechos de las personas detenidas y presas».

La memoria de las víctimas y esa otra memoria colectiva sobre la sangrienta trayectoria de ETA constituyen los aspectos más sensibles del camino que resta hasta la definitiva desaparición del terrorismo. El avance del plan presentado ayer trata de ser en alguno de sus apartados la síntesis imposible entre dos formas de interpretar el pasado y de adherirse al futuro. Además es de temer que, lejos de avanzar hacia un plan compartido por las fuerzas democráticas, acaben incrustándose en él consideraciones de justificación más o menos sutil de la trayectoria terrorista.