El Ayuntamiento de Eibar ha negado que mantenga una actitud de «pasividad» ante las condiciones de vida de un grupo de trabajadores portugueses que, según denunció el sindicato LAB, viven en unos barracones ubicados en las instalaciones de la empresa de construcción Greyhound.

El concejal de Urbanismo del consistorio eibarrés, Miguel de los Toyos, señaló a Efe que la institución local cumple «escrupulosamente» con sus obligaciones «en el ámbito de la salud y la seguridad laboral», pero desconoce «las condiciones de vida de estos trabajadores fuera del recinto de la obra». «El Ayuntamiento cumple con su responsabilidad, teniendo en cuenta la normativa en materia de contratos y en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas y las condiciones de seguridad laboral en la obra», matizó de los Toyos, que agregó que su «control y exigencia fuera de ese recinto son muy limitadas».

El edil socialista dijo que el consistorio eibarrés «no tiene en este momento obra alguna que esté ejecutando esa empresa», aunque reconoció que sí tiene relación en la actualidad con la inmobiliaria municipal, IMESA, sobre un proyecto de ejecución de viviendas de protección oficial en el barrio de Amaña. «La inmobiliaria municipal no es el Ayuntamiento, porque estamos hablando de una sociedad limitada que funciona con su propio consejo de administración, aunque esté presidido por el alcalde».