El Parlamento europeo decidió ayer desatender las demandas del Gobierno español para facilitar el uso de otras lenguas vernáculas españolas que no sea el castellano en el seno de la institución, propinando un severo revés a las aspiraciones de José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del Gobierno buscaba, con la expansión limitada del euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea, dar credibilidad a sus esfuerzos por franquear a las autonomías el camino de Bruselas.

La Mesa de la Eurocámara, compuesta por el presidente, Josep Borrell, y los 14 vicepresidentes, votó en contra de la iniciativa, a pesar de que el Ejecutivo español había reducido significativamente su alcance: al final sólo pedía que se reconociera el derecho de los vascos, catalanes, valencianos y gallegos a dirigir sus escritos al Parlamento Europeo en sus lenguas locales, y demoraba hasta 2007, en prin- cipio, la satisfacción de sus requerimientos más conflictivos, como que los eurodiputados pudieran emplear estas lenguas ante el pleno y sus intervenciones se tradujeran en tiempo real.

La propuesta se rechazó con seis votos a favor y siete en contra. Entre los primeros se contabilizaron los de Josep Borrell, el resto de los socialistas y los representantes del grupo Verde e Izquierda Unitaria Europea. En contra votaron los miembros del PP europeo, entre ellos el español Alejo Vidal Cuadras, y un liberal polaco. Hubo ausencias, como la del socialista francés Pierre Moscovici. España no podrá volver a plantear la cuestión sin justificaciones excepcionales.

Valor simbólico

Con su llegada al poder, Rodríguez Zapatero promovió una serie de iniciativas con las que pretendía aligerar la presión que ejercían las nacionalidades históricas sobre el Gobierno central a cuenta de su presencia en Bruselas. La utilización de las lenguas regionales tenía un valor simbólico, aunque muy aparente, dentro de esa estrategia, que se complementaba con la incorporación de consejeros autonómicos a la delegación nacional que asiste a los Consejos de ministros en los que se discuten materias transferidas -agricultura, pesca, cultura, educación-, una mayor presencia autonómica en los comités del Consejo y de la Comisión, y un refuerzo del apoyo que presta la Representación Permanente en Bruselas a las oficinas de las autonomías en la capital comunitaria.

Las pretensiones españolas fueron rechazadas por estamentos técnicos de la Eurocámara, por juzgarlas inasumibles en medio del caos de traducciones a que este foro se ve sometido tras la ampliación. El secretario general de la institución, Julian Priestley, evacuó en noviembre un informe razonando la negativa que dejaba poco margen a la improvisación.

En declaraciones a los periodistas, Vidal Quadras explicó que la decisión se debe a «razones técnicas». Por su parte, el líder de los socialistas españoles, Enrique Barón, consideró «lamentable que una iniciativa totalmente fundada desde el punto de vista político y cultural sea derrotada por la acción de un vicepresidente que además es español y catalán».

En contra de lo ocurrido en el Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité de las Regiones y la Comisión ya habían firmado sus respectivos acuerdos con España en los últimos meses.