La decisión de la ejecutiva de Esquerra Republicana de Catalunya de propugnar el «voto nulo político» en el referéndum sobre el Estatut previsto para el 18 de junio es el último despropósito de los ofrecidos por la coalición que gobierna la Generalitat tras las elecciones de noviembre de 2003. Que una formación parlamentaria abogue por el voto nulo en una consulta tan crucial como la que va a sancionar el marco de autogobierno para Cataluña, después de haber tenido todas las oportunidades de participar en la definición de la reforma estatutaria, constituye un comportamiento anómalo. Que ese partido sea socio del Gobierno comprometido con la citada reforma y que pretenda seguir siéndolo tras el escrutinio representa una incoherencia tan flagrante que no sólo afecta a ERC, también atañe a los otros dos miembros del Ejecutivo de la Generalitat -PSC e ICV- y a su presidente, Pasqual Maragall.

La ejecutiva de ERC ha validado, además, «la diversidad de formas críticas» con las que los ciudadanos pueden mostrar su parecer ante las urnas: el voto no y el voto en blanco. De forma que Carod Rovira y Puigcercós estarían en condiciones de reivindicar para sí el mérito de toda la contestación que el proyecto presentado por el Parlament y tramitado en las Cortes recoja en las urnas. ¿Y por qué no los votos de quienes opten por abstenerse?

Pero si la decisión de ERC introduce un muy serio factor de crisis para la estabilidad institucional de la Generalitat, que se suma a otros inexplicables episodios, amenaza sobre todo con depreciar al máximo el valor político y la legitimidad social del nuevo Estatut. En el referéndum celebrado el 25 de octubre de 1979 sobre el vigente Estatuto de autonomía votó sí el 53% del censo catalán y hubo una abstención del 40%. El texto que se está debatiendo en estos momentos en el Senado corre el riesgo de entrar en vigor poco menos que en un clima de orfandad, puesto que será un milagro que obtenga el voto favorable de más de un 40% del censo. Una perspectiva indeseable en tanto que reabriría el debate sobre el engarce constitucional del autogobierno de Cataluña antes siquiera de comprobar en la práctica las ventajas y desventajas de la reforma. Y sumiría no sólo a la sociedad catalana, sino también al conjunto de la española, en un desconcierto imposible de soslayar para la política. No es fácil alentar mejores augurios. Y si los expuestos se cumplen será porque las formaciones catalanas, hablando en nombre de los intereses de Cataluña, han puesto en práctica el más nefasto de los partidismos, acompañado además por el imprevisible personalismo del president Maragall.