El acuerdo alcanzado ayer entre los dos partidos más votados de Israel, Kadima, derecha liberal, y Laborista, centro-izquierda, asegura en principio la estabilidad del Gobierno tras las elecciones del 28 de marzo. En la coalición se incluyen el Partido de los Jubilados y los confesionales pragmáticos, sefardíes del Shas y askenazis de la Torá Unificada, que otorgarán una mayoría parlamentaria suficiente y permitirán al presidente Olmert acometer su programa de retirada de territorios ocupados en Cisjordania mientras refuerza los asentamientos judíos en otras zonas del territorio.

La multiplicidad de partidos y un electorado disperso, que tienen su paradigma en un Parlamento muy diverso y tribalizado, según sus críticos, condicionan desde hace muchos años la gobernabilidad en Israel. Eso explica las angustias en que viven a menudo los gobiernos, siempre cerca de una crisis en cuanto uno de los factores de la mayoría, aparentemente bien atada, se aleja de la disciplina pactada. Y de este peligro no está libre la presente coalición, aunque el acuerdo, en principio, debería dar satisfacción suficiente a todos sus socios: mejores pensiones a los jubilados, dinero al Shas para su red educativa y asistencial y siete ministerios (en realidad cinco y dos puestos sin cartera) a los laboristas, incluyendo Defensa, para su nuevo líder, Amir Peretz. Kadima se negó a perder Hacienda y mantiene Exteriores en la persona de Tzipi Livni. El plan económico promete más atención a los desfavorecidos, en claro aumento, rigor económico y, lo que más importa, un programa de seguridad a base de retiradas de buena parte de los territorios ocupados hasta fijar unilateralmente en cuatro años lo que Olmert llama fronteras definitivas de Israel: con o sin negociación con los palestinos. Una política poco realista que Washington duda en respaldar y que a la vista del enroque del Gobierno palestino de Hamás no augura nada bueno a corto plazo.