El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, aseguró ayer en Madrid que los jueces deben tener en cuenta, en la aplicación de la Ley, «las circunstancias del entorno social y de la sociedad en la que uno vive» y también consideró que las decisiones que toma la Policía «tienen que llevarse a cabo teniendo en cuenta el contexto en el que nos estamos moviendo». El dirigente nacionalista lanzó, asimismo, duras críticas contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, sobre el que dijo que su actitud es «absolutamente partidista» y ha hecho política más que ningún representante político, por lo que, en su opinión, «se ha violentado el Estado de Derecho».

En los desayunos informativos de Europa Press, y ante una audiencia entre la que se encontraban el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, y la ex ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, Imaz respondió sobre las extorsiones a empresarios que el Gobierno «tiene datos que hacen pensar que puedan obedecer a inercias de situaciones anteriores», antes de añadir que el alto el fuego debe ser «universal» y que no puede haber colectivos «excluidos» de la ausencia de violencia, como el de los industriales.

El líder peneuvista denunció los «falsos debates» que están surgiendo por parte de aquellos «que se han opuesto a respetar la voluntad de los navarros», y señaló que el presidente de esa comunidad, Miguel Sanz, y UPN están haciendo «todo lo posible» para que se derogue la disposición transitoria cuarta de la Constitución, «que permite que la sociedad navarra decida si quiere tener vínculos con el País Vasco o no».

También defendió que el acercamiento de los presos de ETA y la consideración de sus familiares y allegados como «potenciales agentes de paz y reconciliación» son actualmente «elementos imprescindibles al servicio de la pacificación», al tiempo que destacó la necesidad de «no convertir» a las víctimas de la barbarie terrorista «en agentes políticos» para evitar que acaben siendo «víctimas por segunda vez».

Por otra parte, Imaz justificó que la mesa de partidos sea «extraparlamentaria» para que Batasuna pueda sentarse en ella como «representante de parte de la sociedad vasca», e instó al Gobierno a «buscar los mecanismos» para «superar una etapa en la que en Euskadi ha habido organizaciones políticas ilegalizadas».