La Diputación ha decidido mantener los peajes de la A-8 a pesar de que la norma foral que los regula ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha dado la razón al recurso presentado por el PP. Los jueces consideran que las tarifas establecidas «se extralimitan» porque, además de sufragar la conservación de la autopista, se destinan a la construcción de otras infraestructuras como la 'Supersur'. La institución foral, que presentará un recurso de casación ante el Supremo, descarta cualquier tipo de rebaja «mientras no exista una sentencia en firme», según anunció ayer un portavoz.

Pese a la contundencia de la resolución judicial, que deja claro que las tarifas son «contrarias a Derecho», la Diputación no parece dispuesta a dar marcha atrás. «Tras una primera lectura apresurada, se puede considerar que inicialmente no afecta al normal funcionamiento de la autopista», sostiene en un comunicado, en el que recuerda que «en su día, el tribunal no admitió la suspensión cautelar solicitada por los recurrentes». En su opinión, la sentencia «no cuestiona ni la tarifa ni la capacidad de las instituciones forales para establecerla».

Los jueces reconocen su potestad para regular el canon, pero advierten de que «una tarifa como la fijada está fuera de toda lógica de autofinanciación». De la recaudación obtenida en el tramo vizcaíno de la autopista -unos 34 millones de euros al año-, sólo la mitad se destina a cubrir los gastos de conservación y explotación. El resto engrosa un fondo para inversiones en los terceros carriles de la A-8 y en otras carreteras, con la 'Supersur' como proyecto estrella.

La Diputación argumentará en su recurso de casación que la nueva autopista «es parte consustancial de la A-8 y de su futura capacidad de tráfico». El trazado entre Trapagaran y Bilbao, que empezará a construirse el año que viene, pretende captar el tráfico pesado y de largo recorrido para desahogar la congestionada Solución Sur; un esfuerzo técnico sin precedentes que exigirá una inversión de 653 millones de euros. «No es nada más que una ampliación de la A-8, aunque se llame 'Supersur' o Variante Sur Metropolitana», enfatizó ayer un portavoz foral. «Nace y muere en la A-8».

El plan de accesibilidad que se financia en parte con el peaje de la autopista también incluye otras carreteras como el Eje del Ballonti y los tramos pendientes del corredor del Cadagua; actuaciones «sin las cuales la funcionalidad de la A-8 puede verse gravemente afectada», subraya el comunicado oficial. Además de la institución foral, las Juntas Generales -con el voto en contra del PP- y la empresa pública Interbiak, encargada de la gestión de la autopista y de los proyectos en marcha, presentarán un recurso de casación.

El proceso puede demorarse varios años y la sentencia, si ratifica la del Tribunal Superior, tendrá serias repercusiones en la construcción de carreteras de Vizcaya. La Diputación piensa mantener intacto el modelo de financiación establecido y cree que, aun en el caso de que el Supremo falle en su contra, «los efectos que pudiera tener son inicialmente subsanables» mediante la aprobación de otra norma foral. Pero la decisión judicial mermaría de forma notable los recursos con los que cuenta para sufragar sus principales apuestas en materia de obras públicas.