La Diputación ha recibido un varapalo considerable en forma de sentencia judicial. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha aceptado las razones que llevaron al PP a presentar un recurso contencioso administrativo contra las tarifas de la A-8 desde que la titularidad de la autopista fue a parar a manos forales tras 35 años de concesión. Estima el TSJ que las tarifas citadas «se extralimitan y son contrarias a Derecho» porque no se limitan a cubrir los gastos de conservación de la autopista, sino que constituyen una fuente de financiación para el ambicioso plan de infraestructuras de la Diputación.

En realidad, para atender al mantenimiento de la A-8 basta con la mitad de los 34 millones de euros que recaudan anualmente las cabinas de peaje. El resto se dedica a inversiones, tanto de la propia vía, como de la 'Supersur' y el Eje del Ballonti y el Corredor del Cadagua, que muy difícilmente podrían ser considerados extensiones de la A-8, como argumenta la Diputación respecto a la 'Supersur'.

La Diputación ha hecho público un comunicado en el que, sin haber analizado el fallo del tribunal, por no haber tenido más que el tiempo justo para una lectura apresurada, opina que el hecho no afecta al funcionamiento de la autopista, que va a presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo y que los usuarios seguiremos pagando lo mismo cada vez que recorramos la autopista.

Las cosas de palacio van despacio, especialmente si el palacio es de Justicia, así que a la voracidad recaudadora de la Diputación aún le queda fuente de financiación para rato. Esta no es una particularidad foral. Recuerde el sufrido lector, si vale la analogía, que el Consorcio de Aguas lleva 23 años duplicándonos cada mes el recibo del agua mediante un canon para saneamiento. Llama la atención, sin embargo, que institución muy principal de nuestro entramado político no haya sido advertida por sus servicios jurídicos de que la norma foral que regulaba el peaje podría ser contraria a derecho o que, simplemente, ha hecho oídos de mercader a las advertencias. s.gonzalez@diario-elcorreo.com