El presidente del Partido Popular en Vizcaya, Antonio Basagoiti, reclamó ayer a la Diputación que apruebe «de forma inmediata» una norma foral para reducir la cuantía de los peajes de la A-8 «a la mitad o menos de la mitad». En su opinión, la tarifa debería limitarse a cubrir los gastos de mantenimiento y explotación de la vía, tal como establece la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La resolución judicial «supone el fin de un abuso», proclamó. «Todo este tiempo -desde junio de 2003, cuando la Diputación asumió la titularidad de la vía- han estado cobrando de más».

Las cantidades ingresadas «de forma indebida» en casi tres años podrían superar, según sus primeras estimaciones, «los 50 millones de euros. Es como si, para comprar un billete de autobús, tuvieras que pagar uno de avión», comentó. Esta situación «la sufren especialmente los ciudadanos que viven y trabajan en la zona oriental del territorio». Municipios como «Abadiño, Berriz, Amorebieta, Galdakao, Gernika... en total, unas 150.000 personas» que conviven a diario con los peajes.

El PP podría solicitar la ejecución provisional de la sentencia, pero por las repercusiones del pleito tendría que depositar un aval millonario. De momento, sus servicios jurídicos estudian fórmulas «para la devolución del dinero que se ha cobrado de forma indebida». Basagoiti también criticó «la incompetencia» de la Diputación, a la que acusa de «poner en riesgo el conjunto de las infraestructuras de Vizcaya, porque los números no les van a cuadrar».

Otras reacciones

El apoderado Jesús Isasi recordó que la norma foral de carreteras contempla la «financiación de las actuaciones en la red viaria mediante consignación presupuestaria». Durante el debate de la normativa que ahora ha sido anulada, «ya dijimos que no nos gustaba el modelo financiero y nos llamaron demagogos. El PP no dice 'no' a la 'Supersur', dice 'así no'», precisó.

En su opinión, la institución foral debe buscar otro modelo de financiación para la futura autopista, «que se puede llevar a cabo por parte de la iniciativa privada» o con aportaciones del Gobierno vasco. El PP pedirá la comparecencia «urgente» del diputado general en las Juntas, donde la sentencia no ha dejado indiferente a nadie. El PSE, que votó a favor de la norma anulada junto al equipo de gobierno, se mostró dispuesto «a velar por que los vizcaínos no se vean privados de infraestructuras básicas». Su portavoz, Josu Montalbán, pidió a la Diputación que clarifique «cuanto antes» el futuro del plan de accesibilidad.

Íñigo Iturrate, del PNV, destacó que «la sentencia no es firme, y por ello la seguridad jurídica está garantizada, tanto para los usuarios como para la empresa encargada de la explotación de la A-8». Su grupo considera «injustificable» que una decisión parlamentaria precedida «de una ponencia que trabajó durante meses» pueda ser revisada por un tribunal ordinario.

Joserra López-Larrinaga, de EA, también expresó su discrepancia y recalcó que todas las obras incluidas en el plan «forman parte de una solución global para el tráfico del Bilbao metropolitano». El portavoz de EB, José Ferrera, pidió «un informe económico detallado» de la A-8 e instó a la Diputación a que rebaje el peaje.