Las asociaciones de consumidores del País Vasco aplaudieron ayer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula la norma foral reguladora del peaje de la A-8 y exigieron a la Diputación vizcaína que reintegre las plusvalías que ha cobrado «de forma ilegal» a miles de conductores desde que en 2003 asumió la titularidad de esta autopista.

«¿Sólo podemos decir que estamos muy satisfechos del fallo!», explicó el presidente de la Federación de Consumidores de Euskadi (EKE). En línea con el argumento esgrimido por el alto tribunal, Jon Ariño tachó de inconcebible el afán recaudatorio de la Administración foral -«el peaje debe servir para financiar este servicio, ¿y punto!; para nada más», recalcó- y dejó bien claro que, «en ningún momento», los beneficios obtenidos por este canon tendrían que destinarse para, en contra de lo que se ha venido haciendo, financiar «otras infraestructuras, incluso aunque sean a largo plazo», subrayó.

Además de reprobar el deficiente estado de muchos tramos de la autopista, «pese a tratarse de una de las más caras del Estado», el responsable de EKE considera que sólo hay «una forma» de restituir el perjuicio económico que se ha ocasionado a los usuarios: «devolviéndoles lo que se nos ha cobrado de más durante los últimos tres años».

«¿Cómo?», se preguntó Ariño. Como primera medida y sin especificar el importe, la Federación de Consumidores de Euskadi propugna el «abaratamiento» de las tarifas, una iniciativa que ayer defendió el PP, partidario de rebajar a la mitad el coste del servicio en el tramo vizcaíno de la A-8.

Tampoco descarta Ariño exigir compensaciones individuales a la Diputación, mediante la presentación de los tiques recogidos en las cabinas de la autopista, aunque juzgó «utópica» esta posibilidad, ya que «nunca se han realizado devoluciones de este tipo. En la práctica, es imposible de ejecutar», reconoció. Lo que sí aconsejó Ariño a los automovilistas es «guardar» a partir de ahora los billetes, pese a que la Administración foral comunicara ayer su negativa a rebajar el peaje «mientras no haya sentencia firme».

«Lo quiera o no»

No obstante, Blanca Ibáñez, responsable de los servicios jurídicos de la Unión de Consumidores del País Vasco (UCE), discrepa de la imposibilidad de reintegrar a los afectados las cantidades que han pagado «de más» por el uso de esta carretera.

«Si el Tribunal Supremo confirma la resolución -remarcó- y los usuarios conservan los tiques, a la Diputación, lo quiera o no, no le va a quedar otra opción que devolver lo recaudado de forma ilegal». Ibáñez lamentó que la situación actual deja en un estado de «total indefensión» a los usuarios.