El portavoz del Partido Popular en las Juntas Generales, Carlos Olazabal, alertó ayer del coste que supondrá para las arcas públicas la batalla legal suscitada en torno a los peajes de la A-8. Tanto la Diputación como las Juntas Generales presentarán recursos de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula la norma foral que regula el canon de la autopista. «No quieren ver la realidad y lo único que van a hacer es complicar más la situación», criticó.

Olazabal y el resto de los junteros del PP en la anterior legislatura presentaron en enero de 2003 el recurso que ha prosperado en el Tribunal Superior. La sentencia considera «contrarias a Derecho» las tarifas establecidas porque, además de sufragar los gastos de conservación de la autopista, se destinan a otras infraestructuras. Sin embargo, la Diputación entiende que el proyecto más importante, la 'Supersur', es «parte consustancial» de la A-8 porque su principal función es servir de ruta alternativa para desahogar el tráfico. Este es el argumento en el que basará su recurso.

El apoderado del PP pidió al diputado general «que no siga insistiendo en el error que cometieron al aprobar la norma y acate la sentencia de forma inmediata». El grupo popular también solicitará que la mesa de las Juntas Generales reconsidere su decisión de unirse a las acciones legales, en las que también puede participar la empresa foral Interbiak. «No vamos a permitir que jueguen con dinero público para tapar sus vergüenzas», dijo. A su juicio, la experiencia con otros procesos judiciales «nos ha enseñado que siempre perjudican a los bolsillos de los vizcaínos».

Frente a la decisión del Gobierno foral de mantener las tarifas y «seguir esquilmando a los vizcaínos», Olazabal reclamó la «rebaja inmediata» del canon para cobrar únicamente los costes de mantenimiento, tal como establece la sentencia. «No querer ver la realidad ni la legalidad es lo que les ha llevado a esta situación», afirmó el portavoz del PP.

Críticas del RAC

El presidente del Real Automóvil Club vasco-navarro, Joaquín Arévalo, también valoró ayer la sentencia del Tribunal Superior, que en su opinión está «muy meditada. El dinero de la autopista tiene que ir a la autopista», sentenció. «Hace falta más señalización, además del asfaltado y los terceros carriles».

Arévalo no es partidario de suprimir el peaje «porque sería un desmadre», pero sí de destinar la recaudación exclusivamente a la A-8. «Bastante pagamos de impuestos. Además, no está bien cuidada. Parece una autovía y no de primer orden». En su opinión, hay que beneficiar con descuentos a los usuarios, «sobre todo a los del Duranguesado».