En una de las varias entrevistas que el presidente del Gobierno ha concedido con motivo de su segunda año en el poder, Rodríguez Zapatero se jactaba de haber propiciado una nueva forma de autogobierno «sin tener que emplear ninguna cirugía constitucional». Como el presidente es un maestro en beneficiarse de la equivocidad de las palabras y de sus connotaciones -siempre positivas, nunca negativas- no aclara por qué la cirugía constitucional, como la de verdad, es necesariamente mala. En todo caso, Rodríguez Zapatero deja ver que se siente muy satisfecho de haber evitado a los españoles el supuesto trauma quirúrgico de una reforma de la Constitución y de haber hecho posible, al mismo tiempo, un proceso general de revisión del modelo de Estado mediante reformas estatutarias.

¿Es realmente un mérito de Zapatero promover la proliferación de realidades nacionales, dejar en manos de los estatutos la decisión política sobre las competencias del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, bilateralizar las relaciones Estado-comunidades autónomas, aceptar el blindaje unilateral de competencias -autonómicas, no hay que decirlo- o comprometer a la carta el gasto del Estado en inversión pública según el PIB en unos casos, la población, en otros, o cualquier otra combinación de criterios imaginable? Y si todo esto se considerase un mérito, ¿merece el reconocimiento añadido de haberlo hecho sin 'cirugía constitucional', como dice?

En la jactancia de Zapatero, para empezar, llama la atención que quien promueve una reforma de la Constitución en cuestiones hoy innecesarias exprese semejante complacencia por el vuelco que está sufriendo el modelo de Estado sin que se haya tocado la norma fundamental. Recuérdese que el presidente del Gobierno viene impulsando desde el comienzo de la legislatura una reforma constitucional para eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona - en lo que hay acuerdo prácticamente unánime-, incorporar expresamente a la Constitución el proceso de integración europea, mencionar los nombres de las comunidades autónomas y hacer del Senado «una verdadera cámara de representación territorial», según la fórmula retórica que siempre aparece al referirse a este órgano.

El conjunto de estas reformas, heterogéneas y opcionales, exige para su aprobación seguir el procedimiento agravado de revisión constitucional, es decir, la intervención de dos legislaturas, elecciones generales de por medio y referéndum. Es, sin duda, lo que en jerga presidencial se denominaría 'cirugía constitucional'. Y sin embargo Rodríguez Zapatero no sólo no la evita sino que ha hecho de tal cirugía una de las señas de identidad de su programa de gobierno. ¿A qué viene, pues, tanta prevención de Rodríguez Zapatero frente a la reforma constitucional ante lo que él mismo describe como «una nueva forma de autogobierno», mientras ha hecho bandera de otra reforma accesoria pero igualmente costosa en términos de procedimiento? Es como si alguien que necesitara una operación de columna estuviera encantado de que le hagan un 'lifting'.

La prioridad lógica, jurídica y política apuntaría justamente en la dirección contraria a la emprendida por el Gobierno. Primero, reformar la Constitución y luego abordar la revisión de los estatutos. De este modo se habría forzado una negociación seria y real con el Partido Popular, con la vista puesta en un consenso basado en tres componentes que son ya indisociables si queremos mantener un Estado viable.

¿Ampliar competencias de las comunidades autónomas? Sí, en la medida en que la generalización de ese incremento competencial sea sostenible y respete la libertad del Estado para ejercer sus propias competencias y desarrollar políticas de cohesión en todos los terrenos en que está constitucionalmente habilitado para ello. Así pues, incremento competencial, redistribución si fuera precisa, y al mismo tiempo, consolidación definitiva del modelo territorial y mecanismos reales de cooperación de las comunidades autónomas con el Estado.

El nuevo Estatuto de Cataluña ha reproducido un debate que en el País Vasco adquirió el tinte siniestro que el frente nacionalista le dio al declarar solemnemente muerto al Estatuto de Gernika. La cuestión es si resulta sostenible para la viabilidad del Estado esa exitosa estrategia nacionalista de apego al poder autonómico y paralelo desprecio a la legitimidad constitucional.

Hace unos días en el Foro Abc, el líder de Unió Democrática de Catalunya, Josep Antoni Duran Lleida, hacía sobre este particular algunas reflexiones especialmente pertinentes. Afirmó Durán sentir «envidia sana» del País Vasco y Navarra por gozar de un régimen de Concierto para su financiación ajeno al resto de comunidades. Y a continuación, el líder catalán, con ese dolor del preterido que todo buen nacionalista debe saber expresar, se preguntaba: «¿Por qué en España no se alza ninguna voz contra ese Concierto y cuando Cataluña reclama algo así resulta que se rompe España y no somos solidarios?». Dejando a un lado que, en contra de lo que piensa Durán, el Concierto vasco y el Convenio navarro también tienen sus detractores -Maragall, por cierto, es el más declarado-, la respuesta es sencilla: porque está en la Constitución, gracias a la cual -no a la derrota carlista, como se empeñan algunos- los derechos históricos han cobrado vida jurídica.

La pregunta de Duran yerra en la búsqueda de la paradoja. Lo paradójico no es que Cataluña no pueda acceder a un régimen fiscal que la Constitución reserva a los territorios forales, sino que todos los días se niegue la legitimidad del ordenamiento y del Estado que hacen posible eso que tanta envidia provoca.

Pero Duran dijo más, y no es un juego de palabras. Porque, separándose de la sinceridad de sus compañeros de coalición que han presentado el nuevo Estatuto catalán como un primer paso, Durán afirmó que en ningún caso «puede presentarse la reforma estatutaria como algo provisional». Recordando la mutabilidad que parece esencial a la política, ese «en ningún caso» tal vez signifique simplemente «por ahora». Razón de más. Antes de que el tiempo, seguramente no muy largo, depare una nueva decepción a los que de buena fe creen que estamos en puertas de resolver el encaje de Cataluña en España, habría que tomarle la palabra a Duran. Y si el nuevo Estatuto ya no es provisional, si al menos un mínimo rubor le lleva a disimular por una temporada su alegría porque una vez más el nacionalismo gana cuando pacta y no renuncia a nada, entonces habría que tomarle la palabra, invitar a Duran y los suyos a que hicieran buena tan sentida afirmación de responsabilidad y abordar conjuntamente con los partidos de ámbito nacional -español- una reforma constitucional seria que dote de firmeza y estabilidad a un modelo de organización territorial que el nacionalismo, incluido el que hoy se aloja en la izquierda, quiere convertir en un conjunto de claúsulas provisionales, indiferentes a su propia ruptura.

Ciertamente, Duran y otros tendrían que aceptar el filtrado del Estatuto que eventualmente decidiese el Tribunal Constitucional y, además, comprender que en todo aquello en que el Estatuto remite a leyes orgánicas, el Parlamento de la nación mantendrá la misma libertad para legislar en el futuro sobre esas mismas materias, con las mismas mayorías que ahora se consideran políticamente suficientes, es decir, la mitad más uno del Congreso que es la estricta mayoría legal. Así habría de ser en defecto de un consenso mayor que socialistas y nacionalistas insisten día tras día en considerar innecesario.

Alemania se dispone a poner en marcha una reforma del federalismo que redistribuye competencias y reduce sustancialmente las leyes que requerirán la aprobación del Bundesrat o Cámara territorial. Suiza en su última reforma constitucional ha blindado las competencias de la Federación. Salvo que queramos seguir los precedentes de Estados fallidos -Serbia y Montenegro, por ejemplo- lo razonable es fortalecer lo que nos une, garantizar la funcionalidad del Estado, reforzar los instrumentos de cohesión. También en nuestro país, que ha dado lecciones históricas de sentido común, hay ideas practicables, democráticas y prudentes que podrían ser incorporadas al acuerdo de los partidos mayoritarios si el consenso constitucional significa todavía algo. Léase lo que ha propuesto el Consejo de Estado y se comprobará que no es letra lo que falta.