Estos días pasados se ha constituido en el Parlamento vasco la ponencia que habrá de consensuar el texto de la Ley vasca de Cooperación para el Desarrollo. La existencia de dicha ley ha sido una reivindicación histórica del movimiento social de ONGD agrupado en la Coordinadora de Euskadi. Tras veinte años de cooperación pública vasca urge la existencia de un marco regulador que, por un lado, encarne el impulso político a la acción solidaria internacional de nuestra comunidad y, por otro, defina los grandes principios y líneas de actuación. Bienvenida sea la iniciativa que ahora se discute.

¿Cuáles son, a nuestro juicio, los elementos que esta ley debe recoger para responder a los retos actuales de la cooperación? Creemos que hay cuatro puntos fundamentales, tres relacionados con la calidad de la cooperación y uno con la cantidad.

Comenzando por la calidad, tres son las cuestiones clave que la afectan en la actual configuración de la cooperación pública vasca, y que la ley debe considerar, contribuyendo a su mejora.

En primer lugar, se hace necesario avanzar hacia una mayor coordinación interinstitucional en las acciones de cooperación al desarrollo. Los últimos años han visto crecer el protagonismo de las diputaciones, y también son muchos los municipios que se han involucrado en esta tarea desde hace tiempo. Esta mayor participación de más instituciones en la acción solidaria internacional es una buena noticia, pues refleja una sensibilidad hacia el desarrollo y pobreza en el mundo. Sin embargo, conseguir una mayor eficacia de los recursos totales dispuestos y una mayor coherencia y eficiencia para la cooperación está pidiendo que instituciones que conviven en un espacio tan pequeño avancen en la acción coordinada. Creemos que esto se puede hacer respetando la peculiaridad institucional de nuestra comunidad y sin que ninguna institución sienta sus competencias invadidas. Proponemos la creación de una comisión interinstitucional que sirva de foro para ir avanzando hacia una política de cooperación vasca, sin perjuicio de los variados agentes que en ella participen.

En segundo lugar hay algunos elementos de la gestión del día a día de la cooperación que podrían comenzar a solucionarse con lo que disponga la ley. La debilidad en cuanto a personal técnico funcionario de la dirección de cooperación al desarrollo es manifiesta. Esto produce atascos importantes en la gestión, así como vaivenes de personal que impiden la capitalización de conocimiento, experiencia y relaciones. Las rígidas normas de control administrativo no se adecúan al trabajo en contextos muy complicados. Surgen problemas y demoras que afectan de nuevo a la eficacia, pero sobre todo a la calidad de la cooperación. Es necesario pensar qué estructura administrativa es la que mejor podría resolver estas carencias. En algunos lugares se está ensayando la figura de 'agencias de cooperación'-entes autónomos que ejecutan la política de cooperación- que, dentro de la máxima transparencia, dan cierta flexibilidad para la contratación y la rendición de cuentas. Quizá la ley de cooperación no debe fijar la estructura concreta, pero sí establecer un mandato preciso para estudiar y poner en marcha aquélla que pueda responder a las carencias mencionadas. Las ONGD entendemos razonable que parte del aumento de fondos que solicitamos se destine a la puesta en marcha de una estructura de gestión sólida y profesional.

Por último, en lo que a la calidad respecta, creemos que debemos hacer un esfuerzo por que las políticas de cooperación estén más abiertas al debate público, a la participación y opinión social y, en consecuencia, ganen presencia en las agendas políticas de nuestros partidos. Para favorecer lo anterior, creemos que la aprobación parlamentaria de los planes plurianuales de cooperación al desarrollo sería un elemento relevante, ya que -esto es lo deseable- incentivaría que los partidos elaboraran posiciones rigurosas e informadas sobre la cooperación al desarrollo. A su vez, el debate parlamentario podría dar ocasión al debate público y en los medios de comunicación sobre una cuestión que suele tener un tratamiento que va desde lo anecdótico hasta lo superficial, pasando por los tópicos más fuertemente arraigados.

Pasando ahora a la cantidad destinada a la cooperación, si bien ésta ha de ser determinada cada año en la Ley de Presupuestos, es imprescindible que la Ley de Cooperación declare explícita y decididamente la voluntad política de destinar un mínimo del 0,7% de los Presupuestos Generales del Gobierno vasco a la cooperación al desarrollo. En la actualidad, la aportación del Ejecutivo autónomo asciende aproximadamente al 0,45% del total de sus presupuestos y en términos porcentuales ha sufrido un estancamiento, incluso una caída, en los últimos años. Es necesario dar un nuevo impulso a este referente simbólico de restitución mínima a los pueblos del Sur.

Así lo hacen otras leyes autonómicas de cooperación, vinculando las más avanzadas de ellas el cumplimiento de la meta a plazos concretos de tiempo. Así lo han hecho durante estos últimos meses el Consejo de Europa y los donantes más comprometidos, en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (a los cuales el propio lehendakari dio su adhesión firmando una declaración encabezada con la afirmación de que «somos la primera generación que podemos erradicar la pobreza y nos negamos a desperdiciar esta oportunidad»). Así lo ha demandado reiteradamente la sociedad vasca. Pero, sobre todo, así lo exige la obligación ética que emana del hecho de vivir en un rincón de prosperidad del planeta que, en el mejor de los casos, convive en medio de un oceano de privaciones humanas y, en el peor, se asienta sobre ellas.

En definitiva, esta ley debe ser el punto de partida para repensar entre todos y todas qué cooperación al desarrollo queremos en Euskadi a partir de ahora. En tal sentido, sería deseable una ley con el máximo respaldo parlamentario posible. Después de veinte años, y habiendo sido pioneros a nivel del Estado, nos llega el momento de dar un salto hacia delante para no quedarnos a la zaga. Permanecer donde estamos sería condenar el impulso solidario e internacionalista que late en nuestra sociedad a ir marchitándose en la irrelevancia dentro de nuestras instituciones.