El coordinador general de Ezker Batua, Javier Madrazo, aseguró ayer que, como resultado de las conversaciones previas mantenidas, el Gobierno de Zapatero ya conoce, «de primera mano», que el alto el fuego de ETA tiene un carácter «definitivo», aunque en una primera fase «se presente ante la opinión pública con el calificativo de permanente». Ésta es una de las afirmaciones que incluye el informe sobre pacificación y normalización política aprobado el pasado viernes con el 75% de los votos por el consejo político de EB, máximo órgano de dirección y coordinación entre asambleas, y presentado ayer en Bilbao a los medios de comunicación. Esta «aportación» de la coalición de izquierdas representa «en gran medida», a su juicio, «la solución al llamado conflicto vasco, que se deriva de la negativa a reconocer el derecho a decidir».
El documento recuerda que la declaración de alto el fuego permanente por parte de ETA constituye «un triunfo de la ciudadanía vasca», que en los últimos años ha reclamado el cese de toda expresión de violencia. En esta línea, sostiene que la banda armada «ha interiorizado, por fin», que tiene que «delegar» sus reivindicaciones políticas en Batasuna y ha «asumido -tarde, eso sí-», que el futuro de Euskadi lo decidirán sus habitantes sin la amenaza del terrorismo. No obstante, advierte de que, tras la experiencia del pacto de Lizarra, la sociedad «no admitirá una nueva frustración».
Madrazo definió el texto como una «hoja de ruta», que dividió en cuatro pasos con sus respectivos tiempos. En su opinión, la verificación del cese de la violencia no debe prolongarse más de tres meses tras la tregua. A continuación, es decir, para junio, planteó la ratificación de la resolución del Congreso que habilite al Gobierno a dialogar con ETA. A partir de aquí, nacería la mesa de pacificación, que en verano concretaría el desarme, los presos, refugiados y exiliados. A su entender, el acercamiento de los reclusos es una «demanda social que no puede esperar».
El máximo responsable de EB propuso debatir en septiembre en el Parlamento vasco una resolución en favor del diálogo y del reconocimiento de los vascos a decidir a través de una consulta popular. Para ese mes se deberían pactar la metodología, agenda e interlocutores que permitan conformar dos mesas de normalización independientes: una para Euskadi y otra para Navarra.
Los acuerdos que se alcancen en esos foros, a su entender, deben ser avalados por la sociedad a través de una iniciativa «con encaje constitucional», consistente en el traspaso a las comunidades autónomas de Euskadi y Navarra de la competencia para convocar consultas y referéndums vinculantes.
Madrazo, asimismo, animó a proseguir la política de gestos para avanzar en el camino de la paz, por lo que apeló a la «superación» del Pacto Antiterrorista, «utilizado como ariete contra el sentimiento vasco», y la «derogación» de la Ley de Partidos como medidas que deben adoptarse de forma «inmediata».