Por si el incipiente proceso de paz no tuviera ya en sí mismo suficientes dificultades, surge ahora, con sorprendente virulencia, el asunto de Navarra o, por mejor decir, el asunto de la eventual incorporación del mencionado territorio a la comunidad autónoma del País Vasco. El señor Miguel Sanz, presidente de la comunidad foral, está mostrándose especialmente susceptible al respecto. Salió ya hace algunas semanas denunciando la existencia de un pacto secreto entre el Gobierno y la banda terrorista ETA sobre la citada eventualidad y ha vuelto a insistir en ello más recientemente con ocasión del atentado terrorista que un grupo todavía no identificado de vándalos perpetró en la localidad navarra de Barañain.

De todos es conocida la extraordinaria sensibilidad de la que el señor Miguel Sanz siempre ha hecho gala a propósito de este asunto. Animado, sin duda, por el éxito que le deparó, allá por la mitad de los años 90, aquel denodado empeño suyo en tumbar, recurriendo incluso al apoyo del Senado, el Órgano Permanente de Encuentro aprobado por los parlamentos navarro y vasco, había desencadenado en los últimos tiempos una nueva batalla para eliminar de raíz toda posibilidad de relación especial entre ambas comunidades. A tal fin, insistía con fuerza ante el presidente del Gobierno para que éste, como primer paso en dicha dirección, incluyera en su propuesta de reformas constitucionales la supresión de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, en la que se establece el procedimiento para la eventual incorporación de Navarra al régimen autonómico vasco.

Es comprensible que buena parte de la ciudadanía navarra sienta como un indicio intolerable de provisionalidad esa especie de espada de Damocles que pende sobre su comunidad foral en virtud de la mencionada Disposición constitucional. Es como si para Navarra, y sólo para Navarra, no se hubiera cerrado todavía una Transición que todas las demás comunidades autónomas culminaron con la aprobación de sus respectivos estatutos.

Se entiende también que esos mismos sectores de la población interpreten como una concesión abusiva al nacionalismo el hecho de que el Estatuto de Gernika recogiera en su día, si bien sólo como un derecho, la posibilidad de que Navarra, en pie de igualdad con los otros territorios de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, formara parte de la comunidad autónoma del País Vasco. La sola mención de su territorio en estos contextos les resulta poco menos que un menosprecio a sus más que probadas personalidad e identidad singulares.

Pero, entendido todo esto, la preocupación del señor Miguel Sanz parece del todo exagerada, sobre todo si, como él la expresa, se refiere, no al aspecto sentimental y simbólico del asunto, sino a su vertiente operativa y traducible a los hechos. No resulta, en efecto, creíble que la actual institucionalización de Navarra pueda ser alterada ni por la presión del nacionalismo vasco institucional ni como resultado de la finalización del terrorismo.

Por muy verdadera que sea la apreciación de que Navarra ha sido siempre el territorio irredento por antonomasia del nacionalismo vasco, el sector institucional de este último ha venido dejando muy clara en los últimos tiempos su voluntad de no inmiscuirse desde fuera en los asuntos que conciernen a los navarros. Es importante señalar, a este respecto, que la solemne afirmación del Acuerdo de Ajuria-Enea de que «sólo a los ciudadanos navarros corresponde decidir sobre su propio futuro» se proclama precisamente «frente a quienes pretenden que Navarra forme parte del régimen autonómico vasco al margen de la voluntad de los propios navarros y de sus instituciones». Se trata, pues, de una postura que, lejos de representar reivindicación territorial alguna sobre Navarra, se erige en la mejor defensa de su personalidad diferenciada.

En cuanto a la palabrería que sobre Navarra sigue empleando el abertzalismo radical, el señor Miguel Sanz sabe mejor que nadie que forma parte del guión del proceso que se ha abierto, pero que ha dejado desde hace mucho tiempo de tener visos de credibilidad incluso para quienes siguen utilizándola por inercia del pasado. La mera hipótesis de que Navarra pueda ser moneda de cambio en el proceso de finalización del terrorismo resulta políticamente imposible en las circunstancias en que tal proceso está desarrollándose. Los propios navarros constituyen la mejor garantía de su impracticabilidad.

Todo hace pensar, en consecuencia, que las preocupaciones del presidente navarro tienen más que ver con los procesos electorales que se avecinan que con los supuestos peligros que él anuncia. En un territorio en el que el «navarrismo» funciona tanto como en otros el nacionalismo, nada más eficaz, desde el punto de vista electoral, que engordar uno el problema para ofrecerse luego a sí mismo como la solución.