El presidente de Bolivia, Evo Morales, firmó ayer la nacionalización «definitiva» de los hidrocarburos, lo que deja al Gobierno el «control absoluto» sobre esos recursos. Las multinacionales del sector -entre ellas, la española Repsol-YPF, que tiene unas inversiones cercanas a los 800 millones de euros- deberán entregar su producción de petróleo y gas al Estado, que se responsabilizará de su comercialización. Esos grupos dispondrán de 180 días para acordar con la Administración las nuevas condiciones en las que operarán en el país. En caso contrario, se verán obligados a abandonarlo.

Minutos después de que el líder cocalero anunciara el «decreto supremo» que recoge esas medidas, militares y funcionarios de la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ocuparon dos refinerías de la firma brasileña Petrobras y medio centenar de gasolineras privadas. «Hoy son propiedad de los bolivianos», bramó el vicepresidente Álvaro García Linera ante miles de personas concentradas en el centro de La Paz con motivo del Primero de Mayo.

«Se acabó el saqueo»

«Se acabó el saqueo de nuestros recursos naturales por parte de empresas extranjeras», proclamó Morales tras firmar el decreto en el campo petrolífero de San Alberto, el más rico del país, que explota Petrobras en la localidad de Carapari. El 70% de su producción de dedica a la exportación.

La nueva normativa abre la puerta a la confiscación de las acciones necesarias para que YPFB tenga al menos del 51% del capital en las compañías mixtas, controladas por multinacionales, que operan en el país. Desde ayer, están obligadas a entregar toda su producción a esa empresa pública, que asumirá la propiedad de los recursos energéticos y se encargará de su comercialización, «definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización». Dicho con otras palabras, «el Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto» de los hidrocarburos», como reza el artículo primero del decreto. Según datos oficiales, Bolivia produce 150 millones de metros cúbicos de gas anuales y extrae 3,7millones de barriles de petróleo al día.

De los ingresos generados con esas operaciones, el Estado se quedará con el 82% y las petroleras, con el 18% restante; un porcentaje que, según Morales, cubre sus gastos de explotación.

«Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente» esas disposiciones, subraya el texto, que concede seis meses a las compañías para que «regularicen» su situación mediante contratos que cumplan «los requisitos legales y constitucionales». Entre las afectadas figuran, además de Repsol y Petrobras, las británicas Bristish Gas y British Petroleum, y la franco-belga TotalfinaElf. Además, tienen inversiones en Bolivia las estadounidenses Panamerican Energy y Exxon Mobil, la argentina Pluspetrol, la Canadian Energy y la coreana Dong Wong.

«Pedimos a las empresas petroleras que respeten la dignidad de los bolivianos y esta decisión del pueblo», enfatizó Morales. «Si no lo hacen, nos haremos respetar a la fuerza porque se trata de respetar los intereses de un país».

El presidente hizo hincapié en que ésta es la «tercera y definitiva» nacionalización del gas. El país posee reservas de 48,7 billones de pies cúbicos, las segundas más importantes de Latinoamérica, tras Venezuela. Las dos anteriores se produjeron en 1937 y 1969,k y afectaron a las multinacionales estadounidenses Standard Oil y Gulf Oil, respectivamente.

Sorpresa

Aunque desde antes de ganar las elecciones el pasado 18 de diciembre, y de asumir el Gobierno hace tres meses, Morales había insistido en que nacionalizaría «todos los recursos naturales», desde los hidrocarburos a la minería, el anuncio de ayer fue recibido con sorpresa por la fecha elegida y por la dureza del decreto. La medida fue adoptada apenas 24 horas después de que el presidente boliviano participara en La Habana en una ceremonia para sellar el ingreso del país en la alianza de izquierda Alternativa Boliviariana para las Américas (Alba), impulsada por los presidentes de Cuba, Fidel Castro, y Venezuela, Hugo Chávez.

El Ejecutivo español expresó anoche su «más profunda preocupación» por el decreto; y confió en que se abra un proceso de «auténtica negociación» entre la Administración boliviana y las empresas afectadas «que evite el envío de una señal negativa hacia la comunidad inversora internacional». El PP pidió a José Luis Rodríguez Zapatero que vele por los intereses de las compañías españolas y le reprochó sus relaciones con Morales.