El ministerio fiscal solicita en su escrito de acusación una condena de tres años de cárcel y el abono de una indemnización próxima a los ocho mil euros para un trabajador de la construcción que agredió con un martillo en la cara a un compañero de trabajo en la localidad de Calahorra.

Los hechos que juzgará este jueves el Penal número 2 de Logroño sucedieron a las cinco de la tarde del 17 de noviembre de 2004. Según refiere el representante del ministerio público, víctima y acusado se encontraban trabajando en una obra cuando el primero provocó la caída del segundo desde una escalera. Encolerizado por este proceder, el trabajador se levantó del suelo y tomó un martillo tipo 'maceta' con el que golpeó en la cara al causante de su caída, agresión que le originó la fractura del tercio medio facial, malar derecho, suelo órbita derecha y fractura del maxilar inferior con bloqueo doble, que precisó de intervención quirúrgica.

Estas lesiones le mantuvieron incapacitado durante 103 días, de los que once estuvo hospitalizado. Le han quedado como secuelas una serie de cicatrices que constituyen un ligero perjuicio estético en grado moderado y una sensación de hiposensibilidad en la hemicara derecha que, en caso de obedecer a una contusión de nervios faciales, podría recuperarse en un plazo aproximado de seis a doce meses.

Por otra parte, la Fiscalía formula una pena de dos años -uno por un delito de robo y otro por atentado a la autoridad- para un hombre que tras saltar una puerta metálica accedió al patio de un taller en el que había varios vehículos en reparación, arrancando de uno de ellos el alerón trasero y los cuatro tapacubos.

Minutos más tarde, agentes de la Guardia Civil le interceptaron en las inmediaciones y le requirieron para que se identificara, negándose no sólo a ello sino que incluso comenzó a proferir insultos contra los miembros de la Benemérita. Ya en las dependencias del Instituto Armado, el acusado se abalanzó sobre uno de los guardias, al que propinó un puñetazo en el pecho.

Por último, el Penal número 2 sentará en el banquillo a un empresario que tras recibir en sus instalaciones un automóvil en calidad de depósito y para que realizara las gestiones encaminadas a su venta, lo transfirió a nombre de su suegro sin conocimiento ni consentimiento del propietario. Para ello hubo de presentar en Tráfico unos impresos en los que una persona no identificada de su entorno -y siguiendo sus instrucciones- imitó la firma del titular del coche. Días después, entregó en pago del vehículo 10.500 euros, aunque el cheque resultó impagado. Finalmente, requerido por un letrado entregó al perjudicado 5.409,11 euros.