Según han informado desde el Parlamento, el documento, tras su aprobación en Consejo de Gobierno y una vez depositado hoy en el registro de la Cámara, será analizado el próximo martes por la Mesa del Parlamento, que será la encargada de decidir el cauce que se da a su tramitación y el foro en el que se debate la iniciativa. El objetivo del Gobierno, de todas formas, es que la discusión se produzca en la Comisión de Derechos Humanos.

Entre los objetivos del Gobierno se encuentra la activación de iniciativas para "la modificación de normas legales que restrinjan o vulneren los derechos civiles y políticos". En concreto, se pretende la "modificación y adecuación de la legislación sobre partidos políticos y lucha penal antiterrorista".

De esa forma, se pretende "reconducir y depurar" las políticas jurídicas sobre regulación de partidos y medidas antiterroristas "hacia el respeto de los ámbitos legítimos del ejercicio de las libertades fundamentales y, en particular, de las de expresión, opinión, pensamiento, ideología, asociación y participación política". Por otra parte, el Ejecutivo considera que la proliferación de "pintadas y carteles ofensivos para las víctimas" desde el inicio de la actividad terrorista de ETA "son absolutamente inadmisibles desde el punto de vista de la ética individual y desde la perspectiva de moral pública".

En el primer caso, el documento denuncia que este tipo de expresiones "atentan contra la dignidad de las víctimas, a quienes se humilla con el reconocimiento de quienes han ocasionado su dolor". En lo que se refiere a moral pública, critica que "reflejan el ensalzamiento de valores de violencia y ausencia total de respeto a los derechos humanos".

Carteles ofensivos

Con el fin de evitar "la humillación y el atentado a la dignidad de las propias víctimas y la difusión pública de valores alejados del respeto, la tolerancia y la convivencia pacífica", el Gobierno vasco, en colaboración con EUDEL, se compromete a "promover la alerta permanente para eliminar las pintadas y carteles ofensivos a la memoria de las víctimas del terrorismo" y a prohibir "cualquier acto público cuyo contenido pudiera resultar igualmente atentatorio contra su dignidad".

En el caso de los nombres de calles y plazas, el gabinete de Juan José Ibarretxe se compromete a promover ante EUDEL la "reconsideración" de aquellas denominaciones "que resulten ofensivas y atentatorias a la dignidad de las víctimas".

"Papel esencial"

Por otra parte, el documento reconoce "un papel esencial" a las víctimas en el proceso de paz porque "su memoria deslegitima la violencia" y propone, entre otras iniciativas, la organización de una jornada institucional de reconocimiento a las víctimas del terrorismo y la ampliación de la concesión de subvenciones. Además, manifiesta su "rechazo absoluto de la violencia, el terrorismo y a todas sus expresiones", y expresa su "reconocimiento total e incondicional a las víctimas del terrorismo".

El plan de paz también plantea realizar campañas de sensibilización y concienciación en los medios de comunicación. El Ejecutivo impulsará, asimismo, la elaboración de un código ético para el tratamiento informativo del terrorismo en los medios informativos.

La iniciativa central en favor de las víctimas que se propone es la organización de una jornada institucional de reconocimiento de este colectivo. Además, se marca como objetivo "impulsar la aprobación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, consolidar el diálogo y el acercamiento de las administraciones públicas a las víctimas", así como "mantener y, en su caso, mejorar, la política de prestaciones materiales y de apoyo económico" a éstas y a sus asociaciones.