La noticia del alto al fuego permanente de ETA como condición para la apertura de un proceso de paz ha conmocionado profundamente a una sociedad esperanzada ante la posibilidad de poner fin a la lacra del terrorismo. Sin embargo, las noticias y los acontecimientos de los últimos días, más allá de la satisfacción inicial provocada por el anuncio de la tregua, generan preocupación sobre la adecuada dirección del proceso.

Hace un año decía en estas mismas páginas que el Gobierno de la nación no había dado respuesta a ninguna de las cuestiones planteadas por su cambio radical de estrategia. En primer lugar, resultaba ingenuo pensar que ETA se iba a desarmar o que iba a renunciar definitivamente a la violencia con carácter previo a la anunciada negociación. Precisamente porque sabía y sabe que si no hubiera violencia nadie tendría el menor interés en hablar con ella. En segundo lugar, resultaba también ingenuo considerar que después de tantos años de terror iban a renunciar a su siniestra actividad únicamente a cambio de beneficios penitenciarios cuya aplicación necesariamente debería prolongarse en el tiempo. En tercer lugar, y por último, si la negociación, como siempre ha pretendido ETA y apuntan constantes rumores que no ha aclarado el Gobierno, se extendiera a cuestiones políticas, un acuerdo sería tanto como dar la razón a los verdugos frente a las víctimas admitiendo que el uso de la violencia ha sido y es útil para obtener ventajas o réditos políticos.

De estas tres posibilidades en modo alguno puede descartarse la tercera, habida cuenta de la versatilidad de que hace gala el presidente del Gobierno, para el que todo, hasta la nación, es discutido y discutible, y por lo tanto negociable.

El guión puede estar escrito. Primero, se acercarán los presos. Después, se permitirá la vuelta de los proetarras a las instituciones, sin previa disolución de ETA y sin condena de la violencia. Más tarde, se facilitarán las excarcelaciones. Finalmente, se abrirá el debate clave, envuelto con los relativismos y eufemismos habituales, sobre la autodeterminación y la anexión de Navarra. Si eso ocurre, no será un proceso de paz, será una rendición a plazos, en cómodas mensualidades, con escarnio de las víctimas y abandono de centenares de miles de ciudadanos vascos que, además de serlo, se sienten españoles y que quedarán literalmente a los pies de los caballos si los violentos consiguen lo que pretenden. Pero para ese viaje podríamos habernos ahorrado cuarenta años de dolor y sufrimiento.

Pese a su reconocida debilidad operativa, para los terroristas el momento no puede ser más propicio, y eso explica su euforia. Si los nacionalistas catalanes han conseguido su nación sin renunciar a nada y sin pegar un tiro, ellos, que ya tienen la financiación resuelta, con novecientos muertos a las espaldas, no van a ser menos, sobre todo, cuando tienen enfrente a un Gobierno que exhibe constantemente su fragilidad ideológica, disputando de paso la hegemonía en el seno del nacionalismo al mismísimo PNV.

Quienes piensen que van a renunciar a algo ignoran lo que siempre ha caracterizado el pensamiento del conjunto de los nacionalistas. Modularán los tiempos y los gestos, pero intentarán mantener la capacidad terrorista como factor de presión con el que coaccionar a la sociedad y conseguir sus objetivos políticos. Saben, sin embargo, que el contexto internacional no les favorece y que la reanudación de los atentados les supondría elevados costes personales y políticos, y es ahí donde radica nuestra oportunidad .

No pretendo causar desaliento en una sociedad justamente esperanzada sino advertir de las amenazas que nos acechan y de las consecuencias que pudieran derivarse del hecho de que una hipotética negociación se extienda a cuestiones políticas como el llamado 'derecho a decidir' o el futuro de Navarra. Si eso ocurre daremos un enorme paso hacia atrás y se iniciará un proceso de consecuencias quizá irreversibles al final del cual podríamos preguntarnos qué quedará de la España constitucional en el País Vasco. Con un Estado central vaciado de competencias, sin jueces, sin bandera, España será apenas el eco de un pasado que se disuelve lentamente ante la indiferencia de unos y de otros.

Por ello, es ahora más necesario que nunca mantener la firmeza del Estado de Derecho, la aplicación de las leyes, el cumplimiento de las sentencias, en definitiva, la presión política, social y judicial, que tan buenos resultados ha dado, y exigir sin contrapartidas al entramado ETA-Batasuna la disolución de la banda terrorista y la entrega de sus armas y arsenales. Es el momento de demandar a los terroristas no palabras, sino hechos objetivos y fácilmente verificables, y desde luego, dejarles muy claro que la paz verdadera sólo puede llegar con el acatamiento por todos del sistema constitucional.