La legislación civil debe estar atenta a la evolución de las instituciones, pero se comete un grave error cuando el Estado declina apreciar el valor de esas instituciones y se instala en una falsa neutralidad normativa. Las leyes no pueden ser neutrales cuando establecen reglas de convivencia, y el matrimonio concentra algunas de las más importantes. La última reforma, que permite el divorcio a petición y a partir de los tres meses de contrato matrimonial, es excesiva, pues no recoge medidas de protección del matrimonio, que serían perfectamente compatibles con la voluntad de los cónyuges de ponerle fin. No fijar un plazo de reflexión -salvo lo que ya se preveía para malos tratos-, no prever medidas conciliatorias y suprimir la alegación de causas conducen a la trivialización del matrimonio y lo rebajan a una condición inferior al más simple de los contratos bilaterales, sin compromisos ni responsabilidades duraderas.